Previsible: sin acuerdo en la audiencia por gas

Eduardo Mondino

Se realizó ayer la audiencia pública para tratar el ajuste parcial del contrato de Transportadora de Gas del Sur y hoy será la que corresponde a Camuzzi Sur y Pampeana. En el debate de ayer, Daniel Perrone, representante de TGS, explicó que sólo las obras en ejecución para ampliar la capacidad del gasoducto San Martín en 2,9 millones de metros cúbicos de gas por día, requerirían un incremento de 40% en el componente de transporte de la tarifa (alrededor de 14% en tarifa final) si se decidiera que la totalidad de los usuarios se hagan cargo de repagar la inversión.

Pero el tema de la obra nueva no era parte de la agenda planteada por la unidad de renegociación (Uniren) y, en principio, el gobierno busca excluir a los usuarios residenciales de ese costo, lo que supone un ajuste mayor para el resto de los consumidores.

La Uniren ofreció un período de transición mientras se realice la revisión tarifaria integral con un aumento de 10% en la remuneración de la transportista, que significaría una suba de alrededor de 5% en la tarifa de usuarios no domiciliarios.

En tanto, la empresa, que al igual que otras privatizadas no aceptó la propuesta de la Uniren, relató que «a partir de la crisis de 2001 la devaluación del peso frente al dólar fue de 190%, el aumento de precios mayoristas de 145% y de los precios al consumidor, 61%».

Perrone también afirmó que «la tarifa del transporte de gas natural se mantuvo sin variación y si nos remontamos al inicio de la licencia de TGS en 1992, mientras que los Indices de Precios al Consumidor subieron 70,2%, la tarifa de transporte de TGS cayó 1,8%».

TGS está controlada por una sociedad que comparten la quebrada Enron y Petrobras, y la primera no participa de la obra de ampliación. Se estima además que los representantes de esa empresa de EE.UU. (o de sus acreedores) serán muy reacios a renunciar al litigio contra el Estado nacional por la pesificación y congelamiento de las tarifas.

• Excusa

El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, envió una nota a la audiencia pública excusándose de emitir opinión por considerar que primero debe firmarse el entendimiento entre la transportadora y el Estado, y clarificarse el diseño del sistema que se pretende implementar, como consecuenciade las obras de ampliación en el gasoducto San Martín. «Desde el punto de vista jurídico, de ninguna manera esta audiencia puede constituir el sustento para convalidar futuros incrementos tarifarios y para el caso de firmarse una carta de entendimiento con la empresa, resulta una obligación legal para la Uniren convocar a una audiencia pública», señaló Mondino en su nota.

En tanto, el representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano, pidió que «no se discrimine a la industria en la corrección tarifaria que se acuerde, cargándole la mayor parte del ajuste a aplicar».

También solicitó que «los organismos de control, convenientemente normalizados, realicen un seguimiento exhaustivo para que la calidad y seguridad del suministro no se conviertan en las variables de ajuste de la recomposición tarifaria».