Era casi inevitable. Luego de haber aumentado los salarios públicos para no enfrentar más marchas y amenazas de paros estatales, el gobierno recibió pedidos similares que ya analiza para frenar nuevas protestas sindicales. Los primeros en la lista son los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar, que ya anunciaron más movilizaciones para que se les incrementen sus pagos mensuales. Se habla dentro del gobierno de la posibilidad de subir este beneficio de los 150 pesos actuales a 200 pesos. También hay presiones para incrementar más los sueldos de los empleados públicos, esta vez, ampliado a los que cobran entre 1.000 y 1.500 pesos. Se le exige al gobierno subir los salarios de los docentes y de los profesores universitarios. En todos los casos, los pedidos se cursaron a través de la Casa Rosada y, obligatoriamente, por decisión presidencial deberán ser estudiados por Economía. Los aumentos a empleados estatales también complican a las provincias. Los gobernadores antes se negaron a convalidar más gasto y ahora también reciben planteos gremiales. En las provincias, el efecto es más grave porque la mayoría de los sueldos públicos está por debajo de 1.000 pesos. Lamentablemente, las exigencias sobre el gobierno, por haber cedido, apuntan a más gasto y no a utilizar el superávit para bajar impuestos en serio y tratar de llegar más rápidamente a un acuerdo con los acreedores.
La intención es mantener la imagen de atención a sectores sociales De todas las presiones para gastar más que se esperan en Economía, la más importante es la que hacen
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