Primer paso para asumir la crisis

El secretario de Energía, Daniel Cameron, admitió ayer por primera vez en la Cámara de Diputados que el país enfrenta una crisis energética. Dijo también que todas las empresas del país con contrato interrumpible no tendrán gas en el invierno por un período de 60 a 75 días. Esto incluye a toda la industria no grande, que es la que tiene servicio firme, y a todas las centrales de generación eléctrica que pueden reemplazar gas natural por combustible líquido.

Son definiciones importantes, que hasta ahora el gobierno venía soslayando y que, a su vez, revelan la magnitud de los problemas que se producirán en el invierno. Si las industrias con servicio interrumpible salen a conseguir amparos judiciales para que se les siga brindando el suministro (ya hay tres o cuatro que lo lograron), el faltante de gas puede terminar llegando a los hogares -con una baja importante de la presión, aunque sin cortes, porque esto está prohibido por ley-y a las estaciones de GNC que no pueden operar sin presión óptima para que el fluido llegue al compresor.

Pero, además de esto, si no se recuperan los aportes de las represas hidroeléctricas -sobre todo, Salto Grande, afectada por la mayor sequía de los últimos 25 años- o si el gas para la generación también se perdiera por los amparos de las industrias, o si no se aseguran las condiciones para que el combustible líquido pueda llegar a tiempo y ser almacenado por las usinas, también habría cortes de luz. Y, en este caso, el racionamiento podría llegar a industrias y también a hogares.

El gobierno hace una apuesta fuerte a que lloverá en abril y en mayo, porque normalmente ocurre, y que se volverán a llenar los embalses de Salto Grande y de Yacyretá. También parece haber la presunción de que los jueces no podrán generalizar los amparos a favor de las industrias, porque éstas eligieron pagar un servicio interrumpible más barato, cuando había gas, y ahora que no hay, no deberían beneficiarse con el suministro. Hay, además, algún pronóstico de que el invierno no será muy frío.

Todo eso puede ocurrir o no. Los técnicos dentro del propio gobierno saben que todo depende de cómo evolucione realmente la demanda de gas y luz en los próximos meses, porque hay alguna sospecha fundada de que la industria consumió tanta energía en el primer trimestre debido a que «stockeó» productos para cuando le faltara gas.

• Distintas visiones

Pero nadie sabe cuánto es producción anticipada y cuánto responde, en realidad, al crecimiento.

Tampoco parece que se estén tomando precauciones para que la industria con gas interrumpible tenga combustible líquido disponible. Menos aún puede medirse cuánto impactará en la tasa de crecimiento la falta de gas.

Dentro del gobierno, cada uno tiene su manera de ver esta realidad. El ministro Roberto Lavagna quiere que se corte el GNC a autos para no afectar al crecimiento ni a los precios. El secretario Cameron confesó alguna vez -y luego fue casi ferozmente desmentido por el resto del gabinete-que, si hay que elegir entre cortar el GNC a 1 millón trescientos mil vehículos particulares por unas semanas o subir abruptamente el precio de la electricidad a toda la sociedad por consumir líquidos, es preferible lo primero.

El ministro Julio De Vido se mueve por la negativa: dice lo que no ocurrirá -no habrá impuesto extraordinario al GNC-y se empeña en los paliativos, que son necesarios, pero no parecen suficientes. Ya consiguió que la semana próxima Brasil licite energía para la Argentina, que estará operativa a partir del 1 de mayo, y con el apoyo de la Cancillería logró convencer al presidente de Bolivia y por lo menos al influyente dirigente Evo Morales de una exportación de gas de emergencia por seis meses.

Los técnicos afirman que falta capacidad en los gasoductos para la demanda que hay actualmente, pero igual no hay seguridad de que las petroleras inyecten todos los días del invierno el gas que se necesita para llenarlos, a menos que se limiten a la mitad las exportaciones a Chile.