Proponen construir autopistas sin peaje

La falta de inversión pública en sectores clave de la economía de nuestro país es un dato preocupante desde hace algunos años, producto del alto grado de endeudamiento del sector público y de los altos niveles de riesgo-país que han prácticamente cerrado las posibilidades del Estado de acceder a los mercados de capitales. En estas circunstancias, se hace necesario más que nunca pensar en alternativas viables para el desarrollo de proyectos de infraestructura que el país necesita para iniciar una senda de crecimiento y movilizar su riqueza.

Uno de los sectores que mayor atraso registra es el relacionado con el desarrollo de una infraestructura de transporte que permita mejorar nuestra red vial e integrar, en solo proyecto, todas las provincias argentinas a través de una moderna red de autopistas. Desde que fue implantado el sistema de peajes en nuestro país, en 1991, ni un solo centavo de los más de 3.500 millones de pesos aportados por los usuarios fue destinado a la construcción de nuevas rutas, sino, más bien, al mantenimiento de una vieja e insegura red vial con valores de peaje muy por encima de los estándares internacionales.

El lanzamiento del plan de infraestructura por parte del gobierno nacional no se ha mostrado como una herramienta eficaz para revertir esta situación, ya que su ejecución depende de avales o garantías que debe asumir el Estado, que, en la situación actual, choca con los mismos inconvenientes comentados al principio de esta nota.

Ante este panorama, y como diputado de la Nación, he presentado recientemente en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que, de ser aprobado, permitirá la construcción una red de autopistas libres de peaje destinadas a integrar todo el territorio nacional, uniendo 1.150 ciudades en las que habita 82% de la población total del país. La particularidad de esta red, de 10.600 km de longitud, es que se realizará exclusivamente con inversión privada, sin avales del Estado, creando 100.000 empleos productivos y haciendo que se movilice la industria de la construcción, hoy muy deprimida. En este sentido, basta decir que el país tiene hoy el mismo consumo de cemento por habitante que en 1970. La capacidad instalada de cemento es de 17 millones de toneladas anuales; y la demanda, de sólo 6 millones. Dos tercios no se producen por falta de demanda.

Durante el plazo de construcción previsto (10 años), el Estado percibirá más de 2.300 millones de pesos en concepto de impuestos coparticipables, que permitirán reducir su cuantioso déficit fiscal. El financiamiento se hará mediante la creación de una tasa de un centavo por litro de combustible por cada 1.000 km de autopistas, la que será pagada por los usuarios después de su construcción. Esta modalidad de financiamiento coincide con la aprobada por el Congreso de la Nación al sancionar la Ley N° 25.414, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a crear tasas para obras nuevas, a condición de que la percepción de éstas se efectúe con posterioridad a su habilitación. Es decir, que durante la construcción, el usuario no pagará nada. El primer centavo lo pagará en 2003, cuando se inauguren los primeros 1.000 km de autopista. Entre tanto, se estarán construyendo las demás obras para concluir la totalidad de la red de 10.000 km antes de 2010, coincidente con el Segundo Centenario de la Revolución de Mayo.

La red de autopistas beneficiará a todas las provincias, especialmente a las economías regionales más alejadas de los centros de consumo y exportación, con una importante disminución de los costos de transporte y la eliminación de los peajes. En el caso de Neuquén, mi provincia, está previsto transformar en autopista la Ruta 22, entre Bahía Blanca y Neuquén, y desde allí, hasta Pino Hachado para configurar un segundo corredor bioceánico al Pacífico entre Bahía Blanca y el Pacífico.

Pero el plan no se agota allí: llegará a todas las provincias; las ricas y las pobres, las centrales y las periféricas. Traerá un desarrollo inusitado del turismo vinculando por autopista todos los centros turísticos y parques nacionales: Bariloche, Las Cataratas, Puerto Madryn, Salta y los Valles Calchaquíes, San Juan Valle de la Luna, La Rioja Parque Nacional Talampaya. Pero, seguramente, el beneficio más importante de este proyecto no está entre los nombrados hasta ahora y es el que nuestro país deje de exhibir el triste orgullo de tener una de las tasas de accidentes en rutas más altas del mundo, con más de 6.000 muertos por año. La baja de la siniestralidad repercutirá también en la reducción de las primas de seguro, hoy 3 veces más caras que el nivel de países desarrollados que han construido autopistas.

Por último, estoy plenamente convencido de que una adecuada red de autopistas hará de la Argentina un país más justo y equilibrado al posibilitar el desarrollo de las provincias periféricas que hoy tributan, además de todos los impuestos, el impuesto a la distancia. Debemos plantear este escenario: ¿qué será mejor: tener la red de autopistas terminada en 2010 o tener un combustible 10 centavos más barato? En 2010, tendremos 12 millones de vehículos y nadie discutirá el acierto de la decisión. La planificación exitosa no se hace pensando en el futuro, sino pensando en las consecuencias futuras de las decisiones presentes. Pero si no tomamos la decisión hoy, será imposible tenerla concluida en 2010.