El Ministerio de Planificación puso en marcha un programa de fideicomisos financieros para obras de transporte y distribución de gas por 3.000 millones de pesos que será anunciado oficialmente mañana por el presidente Néstor Kirchner en acto en el Salón Blanco. La iniciativa tiende a resolver antes del invierno del año próximo los principales cuellos de botella en lo que se refiere a gasoductos, con el aporte de inversores privados, usuarios y principales beneficiarios de las obras.
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Las privatizadas de transporte y distribución de gas operarán y mantendrán las obras, pero éstas recién ingresarán en su patrimonio cuando hayan sido repagadas. El proyecto parece responder a las dificultades de las empresas para conseguir financiamiento mientras gran parte de ellas está en default con los acreedores, y las tarifas continúan pesificadas y congeladas desde enero de 2002.
Los fideicomisos financieros no tendrán aportes del Estado, y aunque la Resolución 185 del Ministerio de Julio De Vido, conocida ayer, no lo dice expresamente, el gobierno espera que las AFJP sean importantes aportantes en estos fondos.
En principio, se trata de conseguir financiamiento con la garantía de los ingresos que generará la obra por realizar. Pero se desconoce la tasa que tendrán los títulos o certificados de participación, para saber si serán interesantes para los inversores y para las entidades financieras privadas.
Los fideicomisos se constituirán con cargos tarifarios que pagarán los usuarios del servicio de transporte y distribución (esto podría involucrar a todos los consumos, incluso los hogares, pero no sería un aumento de tarifas para las empresas, ya que los recursos irían directamente al fondo). También se incluirán créditos de organismos internacionales y aportes específicos de los principales beneficiarios (la industria de la zona por abastecer).
• Títulos de deuda
Además de estos tres mecanismos, se emitirán títulos de deuda o certificados de participación en el fideicomiso, lo que estará regulado por la Comisión Nacional de Valores.
Las obras podrán estar destinadas a las redes de las licenciatarias privadas y las cooperativas. Si bien la Secretaría de Energía será la organizadora, la resolución no dice que la inversión estará definida por el Estado, y existe la impresión de que las expansiones se definirán en conjunto con las privatizadas. A su vez, las contrataciones y los pagos estarán supervisados por Energía, el Enargas, y la entidad financiera que quede a cargo de cada fideicomiso.
La idea es conseguir capital para la infraestructura, dejando en otro plano la renegociación de los contratos, con el criterio de que las privatizadas no estarán por ahora en condiciones de invertir, más allá del mantenimiento.
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