Quiebras: hubo 50% de suba por plan Duhalde

Se conoció ayer otro dato desalentador sobre los efectos reales de la salida de la convertibilidad y la megadevaluación impulsada por el gobierno de Eduardo Duhalde. La cantidad de empresas que quebraron durante 2002 subió más de 50 por ciento contra 2001, según las cifras de la propia Justicia Comercial de la Capital Federal. Esto quiere decir que, lejos de haberse experimentado una mejoría, el cuadro empresarial del año pasado resultó definitivamente malo. Inclusive este número se dio en medio de la vigencia de una ley que restringía al mínimo la posibilidad de decidir una quiebra.

Como se sabe, ya que el tema ha sido impuesto en la mayor parte de los medios por casi todos los operadores del gobierno, desde las huestes oficiales se viene difundiendo -a mi juicio, sin base cierta- la idea de que el «veranito» económico es una verdadera «reactivación», y que -la tendencia hoy imperante en el partido gobernante- favorece la productividad, frente al denostado «modelo» neoliberal al que se insiste en imputarle todos los males padecidos. A quienes promocionan la real recuperación de pequeñas manufacturas regionales y provinciales, exhibiéndola como logro y emblema del «fortalecimiento» y «recuperación de la estructura productiva del país» (?), habría que responderles que -por cada pequeño microemprendimiento que nace y/o se recicla- caen una o varias industrias líderes, y frente a cada negocio que se reabre y toma un par de empleados, son muchas más las empresas -verdaderas generadoras de empleo- que cierran sus puertas.

• Incremento

Si nos remitimos a los hechos, sólo en el ámbito de la Capital Federal, durante el año 2002 -reinado de Eduardo Duhalde- y, en función de cifras obtenidas de la propia Justicia Comercial, el número de quiebras decretadas aumentó nada menos que 50%, registrándose 1.550 casos, frente a los 1.033 de 2001. Esto quiere decir que, lejos de haberse experimentado una mejoría (pese a las altísimas dosis de «maquillaje» aplicadas por el PEN), el cuadro empresario del año pasado resultó verdaderamente aterrador, lo que resulta lógico si se pondera que la República Argentina carece hoy de una estrategia económica y política de mediano y/o largo plazo, no existe el crédito, y las sucesivas leyes y decretos de «emergencia» que fueron saboteando la posibilidad de ejecutar todo tipo de garantía prendaria, hipotecaria y hasta fiduciaria, han desalentado a todo inversor situado en varios miles de kilómetros a la redonda.

También desde la perspectiva de los hechos, y a los que esgrimen como supuesto logro la merma de 42,2% -con respecto al año 2001- de los «pedidos de quiebra», debe recordárseles que -desde la sanción de la lamentable Ley 25.563 del 16.01.2002 (que modificara el régimen de quiebras)- y prácticamente sin solución de continuidad, se prohibió lisa y llanamente la promoción de nuevos pedidos de quiebra, en la errónea convicción de que la mejor manera de proteger al deudor era «matar al acreedor». Y también que, superada tal situación hacia fines de año por una Justicia que -salvo escasísimas excepciones- declaró reiteradamente la inconstitucionalidad de tal tipo de disposiciones, el año 2003 habrá de quitar todo argumento valedero a los «popes» del hipotético cuanto irreal saneamiento empresario, puesto que, ni bien abran los Tribunales, se vaticina una verdadera «catarata» de nuevos pedidos de quiebra y de las ejecuciones ilícitamente suspendidas.

Lo dicho anteriormente se ve corroborado si se pondera que, pese a las múltiples e inconstitucionales trabas que la mentada Ley 25.563 -y los perversos decretos de «necesidad y urgencia» que la siguieran- impusieran a los acreedores, impidiéndoles -reitero- promover todo tipo de ejecuciones y/o acciones de cobro a sus deudores, las demandas presentadas ante la Justicia en el ámbito de la Capital Federal sólo exhibieron una exigua caída de 10,3% con respecto al año anterior, sumando nada menos que 119.478.

Ello, en los hechos, no hace sino dar la pauta que ahora -superadas las vallas y euforias «populistas» que impedían al acreedor el legítimo acceso a la Justicia- los juzgados se verán atiborrados de nuevas causas, y la primavera, ya no el hipotético «veranito» anunciado por los señores feudales de la política, se podría convertir en un crudo invierno, caracterizado por la lluvia de nuevas ejecuciones, pedidos y sentencias de quiebra.

• Futuro

Así las cosas, y si lo que se pretende es volver a tener un país serio y confiable, y no una «Banana Republic», en la cual -para disfrazar el caos económico creado- se sancionan leyes y decretos reprochables que no hacen sino «pulverizar» el crédito, se deberá en lo sucesivo dejar que todos aquellos que han tenido a bien habitar el suelo argentino dejen de ser ciudadanos de segunda, y puedan dedicarse a ejercer legítimamente el comercio, la industria y las profesiones liberales, sin que el Estado se inmiscuya permanentemente en sus actividades, cercenándoles sus legítimos derechos de cobrar lo que les deben, para inventar «veranitos», «productivismo» y «reactivaciones», que sólo resultan ser verdaderas cuando no se digitan desde el Poder Público normas y estadísticas para evitar que se difunda la realidad. ¿O acaso la realidad -también en lo jurídico- no es más «la única verdad»?