Rato, el exdirector del FMI, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por fraude

Rato fue director del FMI y vicepresidente de Aznar.

El exvicepresidente del gobierno español y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por apropiación indebida del patrimonio de la entidad financiera Caja Madrid, conocido como el caso "Tarjetas black", según decidió la Audiencia Nacional de España, la máxima instancia penal del país.

Miguel Blesa, que al igual que Rato presidió la Caja Madrid entre 1996 a 2009, fue condenado a seis años de prisión. Otros 65 acusados también fueron condenados como colaboradores de la operativa que contribuyó a mermar el caudal de la entidad bancaria a través del las tarjetas visa black de la Caja Madrid y de la entidad financiera Bankia.

Rato, Blesa y el ex director general de Medios Ildelfonso Sánchez Barcoj -condenado a dos años y medios por complicidad- fueron absueltos del delito de administración desleal que también pesaba sobre ellos.

Las penas para ambos directivos son similares a las que había solicitado la Fiscalía, en el caso que investiga el uso irregular de tarjetas de crédito por parte de antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid y luego de Bankia, un grupo surgido de la fusión con otras cajas de ahorros.

Entre 1999 y 2012, los condenados, junto a los otros 63 directivos de Caja Madrid, gastaron con estas tarjetas más de 15 millones de euros en cuestiones personales.

Entre los gastos, se destacan 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes tiendas, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 en ropa y accesorios.

La sentencia explica que Caja Madrid contaba con estas tarjetas para complementar dietas con un límite de dinero, pero cuando Blesa llegó a la presidencia "propició" que los directivos no justificaran el gasto, lo que demuestra, según el tribunal, un "uso particular" contra el patrimonio de la Caja.

Los jueces entendieron que las tarjetas de crédito entregadas tenían un límite máximo anual, con un tope mensual del que se informaba a los acusados en el momento de su entrega, aunque Blesa podía modificarlo. Esos límites no coincidían en todos los casos.

También en la sentencia se relata cómo Blesa recibió dos tarjetas de crédito, una de la empresa para gastos de representación, y otra también corporativa que se atribuyó a sí mismo, "al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento con el uso que le dio del caudal de Caja Madrid", informó la agencia de noticias EFE.

Entre 2010 y 2012, Rato, en la presidencia de Bankia, fue informado de esta operatoria y, según los jueces, "mantuvo la misma dinámica en todos los aspectos" y se atribuyó "una sin amparo en su paquete retributivo, evidenciando además por las condiciones de uso, lo que no le impidió el empleo que le dio contra el caudal de la entidad", explicaron los jueces.

Entre los usuarios de estas tarjetas estaban también representantes de los principales partidos españoles (el conservador PP y los socialistas del PSOE), así como sindicalistas y dirigentes empresariales, que estaban en los órganos de dirección de la caja, una entidad pública.

Tanto Blesa como Rato tendrán que responder de forma solidaria a todas las cantidades de las que dispusieron los acusados, fijadas en 12 millones de euros.

Caja Madrid fue una de las siete entidades que se fusionaron en 2011 para dar lugar a Bankia, ya presidida por Rato, ex ministro de Economía y ex vicepresidente de España durante el gobierno del conservador José María Aznar, entre 1996-2004.

Esa entidad tuvo que recibir en 2012 unos 22.000 millones de euros de fondos públicos para hacer frente al agujero financiero.

Este caso es uno de los tres frentes judiciales de Rato, quien está siendo investigado en un tribunal madrileño por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales y por un presunto fraude en la salida a bolsa de Bankia, también en manos de la Audiencia Nacional.