Rechazarán propuesta parcial de la Argentina

Los funcionarios del FMI buscarán en la reunión de hoy desactivar cualquier intento del ministro de Economía, Roberto Lavagna, por avanzar con una «propuesta parcial» para los acreedores. Esta posibilidad, aún no descartada por el equipo económico, consistiría en conseguir la aceptación de apenas 35% o 40% de los bonistas para luego ir incorporando al resto en etapas.

Esto implica que sólo las AFJP y algunos acreedores locales aceptarían la quita nominal de 75% que de manera inflexible propone el gobierno. Los fondos de pensión porque no tienen margen político para moverse y los acreedores locales porque poseen bonos de jurisdicción argentina (la Justicia neoyorquina da mayores garantías) y además tienen poca «espalda» para seguir largos juicios. Son, en la mayor parte de los casos, pequeños y medianos ahorristas, muy lejos de los fondos buitre a los que alude de manera permanente el gobierno.

• Inadmisible

Para el FMI, esta posibilidad es directamente inadmisible. No es casual que el texto final del G-7 haya aludido a la necesidad de que la Argentina logre una «tasa de participación elevada» al efectuar la oferta. Uruguay, por ejemplo, reestructuró su deuda sin quita de capital (pero con más plazo y menos intereses) y consiguió que 89% de los bonistas aceptara.

Al exigir una participación «elevada» de los acreedores, el mensaje de los países ricos -que el Fondo ya tiene incorporado como propio- pasa por mejorar las condiciones de la futura oferta para que tenga un nivel alto de aceptación. ¿Cuál es ese umbral? No sería inferior a un 70% o 75% de los bonistas para que la renegociación pueda ser considerada exitosa.

Existen al menos tres alternativas para mejorar la propuesta respecto de los «lineamientos» que planteó el gobierno argentino en Dubai, durante la última reunión anual del FMI y el Banco Mundial:

• Reducir la quita de valor presente, que hoy llega a 90%. Esto podría lograrse disminuyendo la quita nominal propuesta (75%), pero también emitiendo bonos más cortos (el gobierno ofrece 42 años) y reconociendo tasas más altas. La posición de Lavagna es que los alcances de la propuesta deben ser exclusivamente negociados entre el gobierno argentino y los acreedores, sin que deba producirse la injerencia del Fondo.

• Reconocer más a los acreedores. Esto podría hacerse, por ejemplo, considerando como válidos los intereses corridos desde el default hasta hoy, que para el gobierno tienen valor «cero». Otra posibilidad es efectuar un pago inicial en efectivo («endulzante», como lo denominan en la jerga financiera) para tentar a los acreedores que acepten la renegociación. Ambas posibilidades fueron descartadas varias veces en Economía, pero estarán nuevamente en la mesa de negociación.

• Conseguir fondos frescos del Fondo o países del G-7. También se especula con estas alternativas. Por ahora parece remoto, ya que los organismos multilaterales están más interesados en reducir su exposición respecto de la Argentina, es decir disminuir el volumen de deuda con el país.