Nueva York (EFE, Reuters, AFP) - La fiscalía del sur de Manhattan presentó ayer cargos de fraude contra 15 operadores de la Bolsa de Nueva York que trabajan o trabajaban para firmas «especialistas», que son las que median en la compraventa de acciones.
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Con esta operación, la más grande desde 1998, se desbarata una compleja red de fraude que operó al menos entre 1999 y 2003, y que se cree que proporcionó varios millones de dólares de beneficios ilegítimos para los operadores.
Junto con la acusación penal contra los 15 operadores, la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC presentó una acción judicial civil contra 20 operadores por los mismos cargos, al tiempo que llegó a un acuerdo con la Bolsa de Nueva York por la responsabilidad que pudo haber tenido en el caso.
En el acuerdo, el New York Stock Exchange no reconoce ni niega responsabilidad y se compromete a crear un fondo de 20 millones de dólares para financiar auditorías anuales y para implementar un sistema de vigilancia de video y audio en el parqué.
La fiscalía de Manhattan dijo que los 15 operadores violaron las leyes del Mercado de Valores, al ejecutar órdenes para sus cuentas personales antes que para las de sus clientes o bien al interferir en las órdenes de compra y venta que ya estaban vinculadas electrónicamente.
Los acusados se enfrentan a una pena máxima de hasta 20 años de cárcel y a multas de hasta cinco millones de dólares o el doble de los beneficios obtenidos de manera ilícita, según explicó ayer el fiscal David Kelly en conferencia de prensa.
Los «especialistas» o «creadores de mercado» son los intermediarios que se dedican a casar las órdenes de compra y venta de algunas determinadas acciones en el mismo parqué de la Bolsa. Estos son particularmente útiles en circunstancias de baja liquidez, o cuando no hay órdenes de compra o venta, momento en el cual pueden utilizar cuentas propias para agregar dinamismo al mercado.
Esta importante función sólo la realizan siete firmas en la Bolsa de Nueva York, de las que cinco llegaron el año pasado a un acuerdo mediante el cual pagaron 240 millones de dólares para cerrar la investigación civil abierta por las autoridades bursátiles. Sin embargo, las autoridades dejaron abierta la puerta para seguir acciones judiciales penales contra los involucrados.
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