Reestatizan el Correo (Dudan que lo reprivaticen)

Ayer el gobierno decidió reestatizar el Correo Argentino, que estaba siendo operado por el grupo Macri. Fundamentó su decisión principalmente en que la empresa -que se encontraba en concurso de acreedores- no pagó el canon correspondiente. La decisión estaba tomada desde hace varias semanas y sólo estaba en duda la fecha en que Néstor Kirchner la ejecutaría. Varias dudas a futuro: ¿será reprivatizada dentro de los próximos seis meses como se promete o seguirá la corriente estatizadora de moda con ejemplos a la vista en la Línea Aérea Federal, peajes y el caso Brukman en la Ciudad de Buenos Aires? El interrogante es mayor cuando se considera que el mercado postal no es muy rentable (aunque ya haya versiones de posibles interesados como DHL y Federal Express) y que, por ende, será muy difícil el proceso para que sea operado nuevamente por una empresa privada. En el gobierno aseguran que desde hace semanas están en contacto con empresas locales y extranjeras. En el nuevo proceso será obligatoria la presencia de un socio local en los consorcios oferentes. Más allá de esto, está claro que la serie de incumplimientos acumulados por el grupo Macri dio espacio al decreto de Néstor Kirchner ayer. Anoche, se hablaba de que habría una millonaria demanda contra el Estado por la decisión de quitarle la concesión, pero la situación no le es fácil para que avance en la Justicia.

El gobierno de Néstor Kirchner decidió finalmente rescindir por decreto el contrato de concesión del Correo Argentino. A partir de que la norma esté publicada en el Boletín Oficial, lo que sucedería hoy, el Estado reasumirá la operación postal en forma transitoria, ya que, dentro de un plazo de 180 días -según el gobierno-, se llamará a licitación nacional e internacional para reprivatizar el servicio.

El decreto determinó que se rescinde el contrato «por culpa del concesionario», y está fundamentado en las causales previstas en los puntos 30.1. a y b del contrato de concesión. El primero se refiere a la «conducta infractora» del Correo que desde abril pasado estaba obligado por la Comisión Nacional de Comunicaciones a bajar el precio de las estampillas internacionales, que había aumentado sin autorización desde noviembre de 2002. El punto b, en tanto, alude al incumplimiento del pago del canon. Por su parte, el Correo Argentino anticipó que demandará al Estado en la Justicia por la decisión del Poder Ejecutivo.

La rescisión del contrato del Correo formó parte de la agenda del actual gobierno desde que asumió. Se afirma que la resolución se demoró por razones políticas para que no se vinculara la decisión con las elecciones en la Capital Federal, debido a que Mauricio Macri, hijo de Francisco Macri, accionista mayoritario de la sociedad, era el principal contrincante del candidato del oficialismo.

• Advertencia

Sin embargo, dentro del gobierno se advirtieron también posiciones divergentes en cuanto a la actitud a tomar. Aunque siempre hubo coin-cidencia en que la concesión debía caer y volver a privatizarse, la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, que llevaba la representación del Estado en el concurso preventivo, recomendaba esperar a que el juez de la convocatoria declarara la quiebra del Correo, para evitar una demanda posterior del concesionario.

La posición que terminó predominando fue la del ala política del gobierno, según la cual los tiempos judiciales desgastarían la posición oficial y la situación de la empresa, mientras que consideran un rédito político demostrar que hay «firmeza política», cuando los incumplimientos de las privatizadas superan lo tolerable.

El momento político para rescindir la concesión también parece haber sido meditado. Así, el gobierno aparecería con suficiente fuerza para voltear una privatización y con flexibilidad para otorgar ajustes tarifarios cuando resulta imprescindible, siendo que se considera inminente la decisión de autorizar una suba en el precio mayorista de la electricidad para usuarios industriales. Pero, además de todo eso, el gobierno también espera a estar suficientemente cubierto desde el punto de vista legal. El juez Eduardo Favier Du-bois, que interviene en el concurso preventivo del Correo, falló el martes contra la pretensión de un acreedor de que el Estado fuera excluido de la votación sobre la propuesta de pago del Correo.

• Interés general

El magistrado afirmó que se debe privilegiar «el interés general por el funcionamiento de un servicio público esencial, del cual el Estado tiene el rol de contralor, por sobre el del patrimonio de los acreedores particulares». Aunque en segunda instancia, este argumento pueda ser refutado, expertos legales creen dudoso que también sea rechazado por la Corte Suprema, considerando lo dispuesto por la Constitución de 1994 sobre los servicios públicos.

Por otra parte, el gobierno se cubrió legalmente dictando un decreto previo (Nº 1.074) al de la rescisión (Nº 1.075) en el que rechazó todas las presentaciones del Correo Argentino sobre presuntos incumplimientos del Estado al contrato de concesión. Se basó en un acta de la actual unidad renegociadora de los contratos de concesión, suscripta por los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido, según la cual «en atención a la presentación formulada por el concesionario el 11 de setiembre de 2004 (en la que se reiteran los reclamos al Estado), resulta inviable proseguir la renegociación del contrato».

El gobierno creó una unidad administrativa que dependerá de la Secretaría de Comunicaciones-Ministerio de Planificación, integrada por un presidente y dos vicepresidentes. Para el primer cargo fue designado ya el diputado Eduardo Di Cola, representante de Córdoba e integrante del llamado grupo Talcahuano, que responde al presidente de la Nación.

Las nuevas autoridades del Correo se presentaron ayer en la sede central ubicada en Paseo Colón 700 con un escribano y el decreto con la rescisión, pero como éste no establece fecha para el traspaso a manos del Estado nacional, no pudieron pasar de la mesa de entradas. Se entiende que, cuando el decreto esté publicado en el Boletín Oficial, presumiblemente hoy, comenzará la nueva administración. Según la norma, la totalidad del personal de Correo argentino pasará a depender del Estado.

El Decreto 1.075 instruye al Ministerio de Economía a crear una cuenta especial dentro del Presupuesto para «posibilitar la gestión económico+financiera del servicio de correos». También instruye al Ministerio de Planificación para que ejecute las garantías de la concesión, que actualmente estarían en cabeza del Banco de Galicia.