Reforma gobierno la Ley de Entidades Financieras

Promueve el grupo Fénix, no se sabe si comparten criterio Lousteau y Redrado. Persiguen nueva dirección para el crédito, mayor subsidio de tasas para empresas y obligación a entidades minoristas para tener banca de inversión. ¿Un proyecto para Hugo Chávez o para Cristina de Kirchner?

Aldo Ferrer

Una de las futuras medidas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner será el intento -dicen- de reformular el sistema financiero. La idea, al parecer, es acabar con la Ley de Entidades Financieras, llamada también Martínez de Hoz, originada en marzo de 1977, para, claro, reemplazarla por un proyecto semejante al que regía entre 1974 y 1976. Los economistas Aldo Ferrer y Eduardo Curia trabajan en ese sentido junto con otros especialistas que integran el Plan Fénix. Nadie sabe cuál es la relación que mantienen con el ministro Martín Lousteau y el titular del Banco Central, Martín Redrado.

Entre los aspectos principales del proyecto a resucitar (no olvidar a Fénix) se mencionan:

a) La incorporación de la Función Ampliada de la Banca de Inversión (FABI). La instrumentación de esta figura financiera sería el puntapié para comenzar a modificar la Ley de Entidades Financieras 21.526, llamada Ley Martínez de Hoz, aún vigente, pero con algunas modificaciones que se han realizado desde ese entonces.

b) La vuelta a un sistema de tasas subsidiadas para financiar proyectos de inversión en el interior del país, algo que realiza el Banco Nación (lleva otorgados desde el año pasado unos $ 290 millones a las provincias), pero que se extendería también a los bancos privados locales y extranjeros.

c) Un mayor financiamiento por parte de los bancos estatales como el BICE, el Nación y el Banco Provincia a los entes públicos como ENARSA, por ejemplo.

La génesis del proyecto que se presentaría el año próximo en el Congreso tiene como aristas principales fortalecer las instituciones crediticias del Estado, las que quedan de las provincias y establecer nuevos instrumentos financieros para el desarrollo. En ese aspecto, entienden que es crucial la creación de un banco público de desarrollo. Las alternativas que se barajan son: una nueva entidad bancaria o la ampliación de las funciones del BICE, agregando la función de banca de inversión de alcance federal.

Lo más novedoso de este proyecto es sin duda la figura de la FABI. Esto significa que se obligaría a las entidades bancarias a tener departamentos de banca de inversión separados de los de banca minorista o comercial. Por este motivo resultaría necesaria la creación de un banco nacional de desarrollo que interactuaría con el resto de los departamentos de inversión de las entidades ubicadas en todo el país y desarrollar la función ampliada de la banca de inversión (FABI). En este caso deberían modificarse las normas prudenciales del BCRA en ciertos casos para darle más agilidad a la obtención de los créditos por parte de las empresas. De acuerdo con la explicación de los economistas que trabajan en el tema, habría en este caso un enlace de carácter federal entre las instituciones con los demandantes de crédito de la banca de inversión, es decir, las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Otro de los aspectos que podría incluir el proyecto de reforma será que una de las funciones de la FABI contribuirá a la ampliación del capital de las firmas. Hay que señalar que esto requiere la flexibilización de las normas prudenciales del BCRA. En particular, las referidas a la participación de las entidades financieras en empresas que busquen desarrollar proyectos de interés nacional. Este mecanismo sería uno de los más importantes para relacionar el sistema financiero y el mercado de capitales en la ampliación del capital de las empresas.

Redireccionamiento

Entre los puntos principales de la reforma que buscaría acabar para siempre con la llamada Ley Martínez de Hoz y también figuraría el redireccionamiento del crédito. Es decir, que los bancos privados y públicos dirijan sus préstamos más hacia las pequeñas y medianas empresas que al consumo, algo que el gobierno viene solicitando insistentemente a las entidades financieras cuyas agrupaciones principales, como ABA, ADEBA y ABAPRA ni desmienten ni confirman. Aunque desde esta última se afirma que resulta necesaria una reforma del sistema financiero para que se adapte a este nuevo modelo económico que prioriza la producción en lugar de la especulación. Por su parte, fuentes consultadas del BCRA admiten que la reforma no sería necesaria y desde el Ministerio de Economía se habría comenzado a estudiar el tema bajo la gestión de Miguel Peirano.

En reiteradas ocasiones durante este año, el gobierno ha insinuado que los bancos deben modificar su forma de prestar. El último fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la reciente reunión anual de la UIA, donde manifestó que «los bancos tienen que cambiar su forma de prestar» y dijo que se «revisará la normativa del BCRA para que otorguen créditos a largo plazo para la industria». «La verdad es que a veces no entiendo cómo con este crecimiento no hay créditos para el que quiere invertir y apostar por el país. Hay algo que está fallando.» «Los bancos privados creen que sólo hay que prestar cuando las cosas van bien, pero están equivocados.»

Por otra parte, un trabajo de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) presentado hace unos días propone nuevas medidas para una expansión del crédito a largo plazo.

Pedido

Entre los puntos salientes está la creación de un seguro contra la volatilidad de la tasa a las empresas mediante un subsidio del gobierno que cubra eventuales modificaciones. También que se permita a los bancos que cumplen con requisitos de solvencia desempeñar el rol de banca de inversión, algo muy similar a lo que plantean los economistas del Plan Fénix. No menos importante es el pedido de « repatriación de los fondos argentinos en el exterior», que alcanzarían los u$s 160.000 millones, los que, una vez ingresados en el sistema financiero local, eliminarían ese cuello de botella.

El sistema financiero argentino ha cambiado en las últimas décadas mediante sucesivas reformas. Estas modificaronde manera sustancialsu marco normativo. En los períodos 1946-1957, 1973-1976 y parte de 1982 se trató de un sistema financiero con nacionalización de depósitos. Entre 1957-1973 y 1977-1982, el sistema operó con los llamados encajes fraccionarios, en tanto que desde 1983 hasta 1984 el sistema incluyó características de ambos. Por otra parte, hasta 1977 el sistema operó con tasas de interés reales negativas. Esto significaba que la autoridad monetaria fijaba las tasas de interés en un nivel más bajo que la tasa de inflación vigente, afectando seriamente la rentabilidad de las entidades financieras. La idea de la reforma es volver a un sistema más parecido al que operaba entre el 73 y el 76 con nacionalización de depósitos, tasas de interés subsidiadas y encajes fraccionarios para reorientar el crédito, algo totalmente diferente del sistema financiero actual y que, de confirmarse, generará una gran polémica.