21 de febrero 2003 - 00:00

Renovarían beneficios arancelarios en Europa

La Argentina lograría mantener los beneficios arancelarios en pescados, aceites, frutas y hortalizas que coloca en la Unión Europea por un monto de 600 millones de dólares anuales ya que el bloque comunitario accedería a aceptar una «cláusula de crisis», tal lo reclamado por el país el año pasado.

Debido al brusco descenso de su PBI durante 2002, la Argentina reclamó el cumplimiento de una cláusula especial que permite a los países en crisis, según las normas de la Unión Europea, mantener las preferencias arancelarias del año anterior, ya que dichos beneficios son analizados anualmente por la Comisión Europea.

La «cláusula de crisis» beneficiaría también a Uruguay, que atravesó en 2002 por una situación similar a la de la Argentina.

La posibilidad de que la Argentina perdiese esas exportaciones surgió hace tres meses, a raíz de la revisión iniciada por la UE de su sistema generalizado de preferencias arancelarias (SGP), tal como lo hace anualmente. La revisión del SGP apunta a la cancelación de facilidades tarifarias que los europeos conceden a unos 30 países.

En el caso de la Argentina, se corría el riesgo de que la decisión afectara directamente a ventas por 600 millones de dólares
.

Las gestiones para mantenerlascomenzaron en noviembrey recién ayer se conoció en Bruselas la decisión europea que permitirá mantener un flujo de exportaciones a ciertas economías regionales argentinas.

Según noticias procedentes de Europa, la Comisión Europea que encabeza Romano Prodi y el presidente del Europarlamento, Pat Cox, se ocupó personalmente de que se cumpliera el compromiso acordado con el gobierno argentino.

En una carta enviada por Cox a Prodi, se recordaba que la
Argentina y Uruguay, « países golpeados por una de las crisis económicas más serias de sus respectivas historias», la pérdida de las ventajas arancelarias afectaría al tímido repunte económico que se está verificando «justamente gracias al fortalecimiento de sus exportaciones».

La carta de Cox, que entre sus preocupaciones por la revisión del sistema SGP menciona también a otros dos países-(Colombia y Costa Rica), indica que «algunos embajadores latinoamericanos» en Bruselas se han dirigido al Europarlamento para que la Comisión Europea examine el tema con la debida atención.

La salida al problema fue la aprobación por parte de la comisión de una cláusula financiera que deja fuera de los incrementos arancelarios previstos a aquellos productos procedentes de países «como es el caso de la Argentina» con un PBI que se halla reducido más de 10% en los últimos doce meses. Fuentes de la Comisión Europea subrayan al mismo tiempo que la norma financiera (también llamada «cláusula de crisis») es de carácter general y no se refiere específicamente a la Argentina.

Como ocurre a menudo en la UE, el procedimiento para llegar a una ratificación del tema es muy largo y, por lo tanto, todavía falta un paso para que los europeos den su vía libre definitivo.

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