Ropa en negro: hoy se conoce acusación

Alpargatas SA, una de las cinco empresas textiles involucradas en una denuncia judicial presentada por el Gobierno porteño, sacó el viernes una solicitada en la que «repudia por naturaleza todo accionar ilegal o inmoral que perjudique el trabajo genuino y el crecimiento de las oportunidades laborales en nuestro país». El documento, publicado en los tres principales diarios del área metropolitana, agregaba -luego de admitir que por la Feria Judicial no habían podido ver el expediente- que «tan pronto se puedan conocer los detalles de los hechos denunciados, procederemos a actuar según corresponda en defensa del derecho del trabajo legítimo, de nuestra empresa y de nuestras marcas».

Según fuentes de la empresa consultadas, la solicitada no produjo reacción alguna desde la administración que encabeza hasta diciembre Jorge Telerman. Es que tras el rimbombante anuncio de la semana pasada, el Gobierno porteño pareció llamarse a silencio en la cuestión, como buscando bajar la alta exposición que había provocado su denuncia.

A esta altura se sabe, sin embargo, que las imputaciones se centrarían más en los talleres subcontratados por Delfos (la empresa textil proveedora de las grandes marcas denunciadas, o sea Puma, Bensimon, Le Coq Sportif y la misma Alpargatas) que en los clientes finales, o sea estas cuatro empresas.

La explicación que ensayarían los abogados de Delfos es que es imposible controlar todo lo que se hace en esos talleres. El argumento, con ser endeble, no carecería de razón: se sabe que buena parte de la denominada «cadena de valor» de la indumentaria -que arranca en las hilanderías y termina en la boutique que vende el producto terminado con un «mark up» de hasta 200%- es una de las que más «negrea», en un país que (según estimaciones oficiales y privadas) tiene casi la mitad de su economía en la informalidad. Desde las grandes marcas también se defienden con el mismo argumento: «Nosotros controlamos que nuestros proveedores tengan todo en blanco (su personal, su facturación) y que se cumplan las normas de seguridad e higiene. Pero después, si ese proveedor terceriza parte de su producción en talleres ilegales o que usan mano de obra esclava, escapa a nuestras posibilidades de control».

Así las cosas, se espera que los abogados de las empresas textiles comprendidas en la denuncia porteña estén hoy a primera hora en Tribunales, a fin de tener acceso a las actuaciones iniciadas por el ministro de la Producción porteño, Enrique Rodríguez. Recién ahí se enterarán si la acusación tiene algo de fundamento, si los roza apenas o si -por el contrario- los «entierra», como sucedió con otras marcas.