Fernando de la Rúa confirmó ayer que está decidido a sancionar el plan federal de infraestructura por un decreto de necesidad y urgencia. El gobierno se plantó en la negociación con los senadores peronistas por la aprobación de ese plan de obras de $ 20.500 millones. El PJ había exigido que no se vetaran algunos artículos del presupuesto 2001 como el aumento en el Fondo del Tabaco y los cambios en diferimientos impositivos. El Presidente advirtió también que podría utilizar el mismo camino para la reforma previsional, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley antes de mayo. Esa es la fecha tope que puso el FMI para la reforma dentro de los requisitos del blindaje financiero. De la Rúa también anticipó ayer por la ma-ñana que habrá una reorganización en el gobierno. Será simplemente en los niveles intermedios del sector público. y en contados casos, pero sus palabras provocaron expectativas por la ya instalada posibilidad de cambios en el número de ministerios. Desde Bahía Blanca, José Luis Machinea confirmó que el decreto de infraestructura estaría firmado antes de pasado mañana. Los diputados de la Alianza, en general, apoyaron la decisión presidencial. Incluso algunos, como Horacio Pernasetti, le pidieron a De la Rúa que emitiera el decreto de inmediato y no siguiera frenando el proyecto frente a la presión peronista. Pero los aliancistas no tienen la misma posición en relación con el posible decreto de reforma previsional. María América González, frepasista y jefa de la Comisión Previsional, advirtió que un decreto de ese tipo podría ser derogado por el Congreso. Lo hizo después de haberle acercado al equipo económico un informe que critica los cambios pretendidos en el sistema de jubilaciones.
El gobierno confirmó ayer que sancionará por decreto de necesidad y urgencia el plan federal de infraestructura, tal cual anticipó este diario. Hoy Fernando de la Rúa firmará el decreto que en febrero será enviado al Congreso para ratificar por ley la creación del Fondo de Garantía que financiará las obras. Ayer Chrystian Colombo les ratificó ese procedimiento a los senadores de la Alianza. El Presidente había anunciado por la mañana que estaba dispuesto a apelar a un decreto e incluso adelantó el mismo tratamiento para la reforma previsional, si el Congreso no avanzaba en el tema antes de mayo próximo, fecha límite que puso el FMI para sancionar esa reforma: «La gente desempleada, las provincias que necesitan inversión, los empresarios que deben decidirla, poner los fondos y poner en marcha las obras no pueden esperar. En momentos difíciles se precisan decisiones rápidas», dijo De la Rúa.
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Antes de firmar el decreto de infraestructura, el Presidente discutirá el tema hoy con los gobernadores. Originalmente, esa reunión se había pensado para consensuar entre los mandatarios la sanción del proyecto en el Senado, limando las asperezas que se mantienen por los vetos planificados sobre el Presupuesto 2001. Con el correr de los días y a horas del fin de año, esa negociación se transformó en un pedido de apoyo al decreto. Además, el gobierno no puede esperar más, ya que tiene definido el cronograma de obras a licitar entre enero y marzo de 2001.
Después de conocer la decisión presidencial, el Congreso se preparó ayer para comenzar el largo receso de verano. Hacia el mediodía en Diputados ya se daba como un hecho que el plan federal de infraestructura sería sancionado por decreto, por lo que los jefes de bloque ordenaron avisar a los diputados que no volvieran de sus provincias. En el Senado las protestas se multiplicaron dentro del PJ. Y a la noche Mario Losada, presidente provisional del Senado, daba la confirmación oficial: «Se va a estar anunciando esta propuesta a partir de un decreto», señaló sin precisar plazos. José Luis Machinea declaró que será antes del viernes.
La primera señal fuerte que dio el gobierno hacia la sanción del decreto fue no mandar al Congreso la ampliación del período de sesiones extraordinarias que concluyó el 22 de diciembre. El propio Chrystian Colombo, jefe de Gabinete, le confirmó el domingo a José Luis Gioja, presidente del bloque peronista, que no se enviaría ese decreto habilitando las Cámaras esta semana. Ese antecedente indicaba que cualquier trámite parlamentario quedaba postergado para febrero. Y como Fernando de la Rúa declaró varias veces que no está dispuesto a posponer más el plan de infraestructura, no quedó otra salida que el decreto.
En la misma acción los justicialistas supieron que todos sus pedidos para frenar los vetos al Presupuesto 2001, en lo que compete a Fondo Especial del Tabaco y diferimientos impositivos, no serían atendidos. Esos vetos fueron la pieza de cambio que el PJ exigió para sancionar en el Senado el plan de infraestructura. El gobierno optó por decretar sobre el tema y quedar con las manos libres para podar gastos en el Presupuesto 2001.
Claro que el trámite no fue pacífico en el Senado. Los justicialistas comenzaron a protestar y atacaron al gobierno por «antidemocrático»: «Si el Ejecutivo quiere, puede dictar por decreto. Los democráticos de antes son los autoritarios de ahora», dijo Gioja. Desde el oficialismo le contestaron: «El justicialismo reitera propuestas y actitudes que la mayoría de la gente rechaza. Los senadores dicen que el plan de infra-estructura es bueno, reconocen que todas las obras que contempla están acordadas con los gobernadores. ¿Cómo después de decir estas cosas pueden condicionar su voto a que le den otras?», decía ayer el radical José María García Arecha.
Ratificación
También desde el radicalismo, Pernasetti ratificó una declaración que en privado ya había hecho hace una semana: «Yo también le pedí al Presidente que lo sacara por decreto, si el Senado no lo aprobaba», dijo el jefe del bloque radical de Diputados. Otro radical, José Recio, presidente de la Comisión de Obras Públicas de Diputados confirmó el destino del plan de infraestructura: «Es prácticamente un hecho que salga por decreto, pero tendrá fuerza de ley porque va a establecerse sobre la base de la media sanción que otorgamos al proyecto en la Cámara de Diputados».
Menos apoyo tuvo dentro de la Alianza la advertencia presidencial de usar decretos para sancionar la reforma previsional. Los diputados de la Comisión de Previsión Social rechazaron esa posibilidad y anticiparon que de no mediar una fuerte justificación política de la medida el decreto podría ser derogado cuando el Congreso reanude sus sesiones en marzo último.
