San Luis va a la Corte por $ 400 M

En el peor momento de la relación entre la Corte Suprema y el kirchnerismo, Alberto Rodríguez Saá acudirá al máximo tribunal para que se declare la inconstitucionalidad de las retenciones móviles a las exportaciones del agro.

El gobernador de San Luis le reclamará además al Estado que le reintegre unos $ 400 millones en conceptos de pérdidas debido a las retenciones.

«Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por las retenciones y para reclamar el cobro de las sumas de dinero que la provincia de San Luis dejó de percibir en concepto de coparticipación», explicó ayer a este diario el abogado Rodolfo Barra, ex integrante del máximo tribunal judicial del país. «Las retenciones afectan la coparticipación federal de impuestos generando para la provincia una ilegítima e importante disminución de sus recursos», aseguró el letrado patrocinante del gobernador puntano ante la Corte.

La presentación judicial, anunciada el 1 de abril por Rodríguez Saá, cuando pronunció su mensaje ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias, será presentada hoy ante la Corte Suprema en un escrito de más de 60 fojas.

Consecuencias

La acción de inconstitucionalidad promovida por el ex candidato presidencial del Frente Justicia, Unión y Libertad (FreJULi) pide « declarar la inconstitucionalidad de todos los Derechos de Exportación (DE) que hayan sido establecidos por el Estado Nacional (Poder Ejecutivo de la Nación) a partir del 1 de enero de 2002, no existentes a la fecha de vigencia de la reforma constitucional de 1994. Se declare también la inconstitucionalidad de las leyes de prórroga de la declaración de emergencia».

Para el jefe del peronismo antikirchnerista el uso abusivo de recursos impositivos como las retenciones provoca efectos distorsivos de la economía y de la política nacional. Entre las consecuencias más negativas, Rodríguez Saá menciona el desaliento a los sectores productivos más dinámicos del país, empobrecimiento a las provincias, debilidad del federalismo, el unitarismo fiscal, la utilización arbitraria de ingentes recursos por parte de las autoridades nacionales, incentivando el « clientelismo» político, el condicionamiento de las autoridades provinciales y su sometimiento al poder central. El escrito que el gobernador de San Luis llevará al máximo tribunal pide también que «se condene al Estado nacional a pagar a la Provincia de San Luis la suma por la pérdida sufrida en los ingresos por coparticipación tributaria que le corresponden de acuerdo con lo establecido en el art. 75, inc. 2° y Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Nacional, conforme con el porcentaje establecido en el art. 4° de la ley 23.548 (ley de Coparticipación Federal). La pérdida ha sido causada por la inconstitucional conducta del Estado Nacional al fijar los derechos de exportación cuestionados; la cual surge de la incidencia negativa de los derechos de exportación inconstitucionales sobre la masa de impuestos coparticipables, especialmente el impuesto a las ganancias, y por ende sobre la coparticipación tributaria a que es acreedora la provincia de San Luis desde el ejercicio 2002 en adelante. Se demanda así, la diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese debido percibir de no mediar aquellos derechos de exportación inconstitucionales».