Scotiabank demanda al país por u$s 600 millones

El canadiense Bank of Nova Scotia (Scotiabank) presentó una demanda por u$s 600 millones contra el gobierno argentino, acusándolo de haber tomado medidas que le hicieron perder toda su inversión en su filial Scotiabank Quilmes. La entidad, la tercera de Canadá por activos, anunció ayer que busca una compensación por las pérdidas en su inversión en la Argentina, por el costo de cerrar la filial y por el daño a su reputación. Es la primera vez que el banco presenta una demanda de esta naturaleza. Scotiabank dijo que intentó llegar a un acuerdo amistoso con la Argentina durante los últimos 18 meses, pero que ahora decidió llevar el conflicto ante un tribunal arbitral, bajo los términos de un acuerdo firmado por la Argentina y Canadá en 1991.

El banco cerró sus operaciones en la Argentina en abril de 2002, tras la crisis, la devaluación y la caída en default. Cabe recordar que el gobierno de Eduardo Duhalde llegó incluso a amenazar con poner presos a sus máximos directivos en el país, los que debieron abandonar la Argentina apresuradamente y de manera casi clandestina, algo totalmente insólito e injustificado. La red de sucursales -que rondaba el centenar- fue dividida entre los bancos Macro y Comafi, que no debieron desembolsar dinero alguno por ellas (los fondos fueron aportados por el SEDESA), a cambio de hacerse cargo de todo el personal. A su vez, el ScotiaBank había llegado al país tres años antes, luego de comprarle el Banco Quilmes a sus anteriores accionistas, la familia Fiorito.

El panel del tribunal arbitral contará con tres miembros: uno nominado por Scotiabank, otro por Argentina y un tercero que será acordado entre ambas partes. ScotiaBank alega que las acciones «expropiatorias y discriminatorias» tomadas por la Argentina violan el tratado de protección de inversiones. «El banco y sus accionistas experimentaron un daño significativo y, por lo tanto, buscamos vigorosamente una compensación bajo los términos del tratado», dijo la entidad en un comunicado.

El ScotiaBank señaló que las acciones expropiatorias del gobierno incluyeron no haber recibido jamás los BODEN que emitió el Estado para compensar la pesificación asimétrica; reclama también que el BCRA la discriminó al no permitirle cancelar deuda a mediano plazo, a pesar de contar con fondos para hacerlo, y por no garantizar asistencia financiera en los mismos términos que a los bancos locales. Los canadienses acusan al Central de «obstruir su intento de reestructurar y reabrir la filial argentina». La entidad asumió una pérdida de u$s 443 millones por su fracaso en la Argentina.