Se complicó Economía con ley de protección a directores de BCRA

No empezó bien ayer el Ministerio de Economía con el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central en el Congreso. El funcionario enviado para explicar el proyecto, Leonardo Madcur, secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, no solo llegó casi una hora tarde, sino que, sin pedir disculpas en ningún momento, demostró poco conocimiento del tema en cuestión.

Los senadores, para agravar la situación, lo bombardearon con cuestionamientos técnicos, plantearon la necesidad de corregir errores en el texto y anunciaron que se introducirán cambios, en un rodeo de críticas que hacía tiempo no se veía en el Congreso. El clima llegó al punto cúlmine cuando el santafesino Oscar Lamberto le dijo a Madcur: «Así como está el proyecto no sale». Desde el Central, además, ya le hicieron saber a varios integrantes de la comisión que no están de acuerdo en ampliar los montos que la autoridad monetaria puede adelantar al Tesoro para la cancelación de deuda con organismos. Ahora el debate continuará el próximo martes.

Madcur no es bien recordado en la city porteña ya que fue el autor del gaffe con el recordado decreto del 31 de diciembre pasado que redolarizó las deudas de las empresas, que Eduardo Duhalde tuvo que derogar por otro decreto, a las apuradas, en menos de 24 horas.

Lamberto, presidente de la Comisión de Economía, le había pedido a Economía hace 15 días la visita de un funcionario del Banco Central para debatir el proyecto. Pero el ministerio, en otra muestra de la interna que mantiene con la autoridad monetaria, decidió enviar un funcionario propio que, según acordaron por unanimidad los senadores presentes, no estaba demasiado empapado del tema. La iniciativa establece tres modificaciones a la Carta Orgánica del Central y la Ley de Entidades Financieras:

• Los criterios de valuación de activos y pasivos excluidos en procesos de reestructuración de bancos.

• El gobierno pidió también que se amplíe al doble el monto autorizado al Banco Central para otorgar adelantos al Tesoro, sólo para el caso de cancelación de deudas con organismos internacionales de crédito. Este punto solicitado por el Ejecutivo es el que despierta reticencias en el Banco Central y extraoficialmente ya se lo hicieron saber a los senadores.

• Además se incluye una cláusula de protección para las decisiones tomadas por autoridades del Central estableciendo que sólo podrán declararse nulas mediante un proceso judicial y siempre que se compruebe arbitrariedad manifiesta en la medida.

Este último punto fue hasta ahora el que más resquemor produjo en el Senado, el FMI pide desde hace dos años una modificación en la legislación argentina que otorgue protección penal a los directores del Central por las decisión que pudieran tomar en temas espinosos. Básicamente ese tratamiento legal especial se pidió para el directorio del Central y los integrantes de la Superintendencia de Bancos y Seguros, para los casos de reestructuración, liquidación o fusión de bancos y para quienes tienen el poder de decisión sobre el otorgamiento de redescuentos a entidades con problemas de liquidez.

El Congreso se negó a este pedido del Fondo, a través del Ministerio de Economía y la decisión siguió postergándose en el tiempo. Ahora llega al Senado en una versión «light».

El radical Raúl Baglini y la peronista Liliana Negre de Alonso encabezaron los cuestionamientos al proyecto y asustaron al funcionario con cuestionamientos técnicos. Ambos son especialistas en derecho administrativo y le puntualizaron errores en la redacción.

La reunión de la comisión estaba ayer a punto de levantarse, casi una hora después de haber sido convocada, cuando Madcur ingresó al salón. La falta de un pedido de disculpas motivó que Lamberto comenzara: «Señor funcionario le recuerdo que su tiempo es tan valioso como el nuestro».

Solo hubo un descanso en las críticas cuando todos los presentes reconocieron que no existe en el proyecto un pedido de inmunidad penal para los directores del Central sino un procedimiento judicial para convalidar decisiones conflictivas, pero atacaron otro punto del proyecto: el artículo que permite dejar sin efecto derechos laborales de los empleados bancarios, establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo para los casos de fusión o liquidación de bancos. De acuerdo a la ley propuesta el adquirente de una entidad puede despedir e indemnizar a los empleados, pero no está obligado a sumarlos al nuevo banco. El artículo elimina la solidaridad entre el vendedor y el adquirente de una entidad y por lo tanto los trabajadores podrían ser despedidos por justa causa en caso de transferencia o venta. Este punto será rechazado por los senadores.