Se compromete más futuro por norma para jubilados
La economía argentina tiene garantizado su crecimiento, además del positivo contexto internacional, por el alto ahorro fiscal del gobierno. Por ello, el riesgo de una amplia moratoria lanzada para que las personas en edad de jubilarse puedan hacerlo aun sin haber efectuado aportes. El empleo en negro tiene este costo y lo tendrá más a futuro si se toma en cuenta que hoy la informalidad está cerca de 45%. No es casualidad con impuestos elevados para contratar personas. El gobierno dispuso subsidiar a aquellos que, en edad de jubilarse, no podían hacerlo por no haber aportado al haber trabajado en negro. No es criticable por ello (aunque haya quienes reciban el subsidio oficial y no lo necesiten), sino porque en paralelo no se dispongan los ahorros necesarios en otras áreas para hacer frente al nuevo compromiso. No se sabe exactamente el costo final que tendrá, pero dependerá de cuántos de los 2.200.000 personas en condiciones de adherir se sumen a esta moratoria. En el peor escenario, serían $ 11.440 millones, según advierten los economistas Daniel Artana y Nuria Susmel. Es la mitad del superávit primario hoy. Muy riesgoso.
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¿Cuánto costará la moratoria previsional ya lanzada? Es un
interrogante que depende de cuántas personas se adhieran
y de los aportes jubilatorios que ya hayan efectuado en el
pasado. En el cuadro se lo calcula, y el aumento del gasto
anual varía de $ 2.363 millones a $ 11.440 millones.
Esa es la cuota máxima posible, porque la deuda (y por consiguiente la cuota) se reduce si la persona tiene aportes previos y si excede la edad mínimapara jubilarse (aproximadamente cada dos años de exceso de edad se recorta uno del total de años a regularizar).
Este régimen es universal para cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad; incluso las mujeres que cobran una pensión pueden tramitar su jubilación. Más aun, una persona puede gestionar la pensión derivada de su cónyuge fallecido aunque éste nunca haya realizado aporte alguno.
En base a la estimación de la población por edad y los datos de jubilados de las diferentes cajas, se puede estimar la cantidad de gente que podría acceder a este beneficio. El máximo sería alrededor de 2,2 millones de personas que pueden acceder a una jubilación, a lo que habría que adicionarle alrededor de 550 mil que pueden demandar una pensión por el cónyuge fallecido.
El costo fiscal dependerá de cuánta gente acceda a este beneficio, de la edad y los años de aporte previos de cada uno. En el corto plazo el impacto es más bajo, porque se descuentan los pagos de la moratoria, mientras que en el mediano plazo (5 años) éste aumenta, ya que se percibe la jubilación plena al terminar de cancelar el plan de facilidades de pago. La tabla siguiente muestra distintos escenarios, todos de alto costo fiscal. Nótese que a la fecha, según información oficial, ya entraron a la moratoria casi 130.000 personas.
Un escenario de adhesión total a este régimen parece poco probable, ya que por diversas cuestiones no todos demandarían el subsidio. Sin embargo, aun considerando solamente 50% de adhesión a la moratoria, el costo fiscal es elevado: 3.900 millones al inicio y 7.100 millones después del quinto año si ninguno tuviese aportes previos. Si en cambio los adherentes pueden justificar en promedio 5 años de aportes, el costo fiscal durante los primeros 5 años sería mayor (ya que su cuota sería menor) como puede verse en la 4ª columna de la tabla.
En base a la información de la Encuesta de Hogares se puede analizar cuántos de los potenciales adherentes pertenecen a hogares de bajos ingresos. El 27% del total pertenece a familias de los dos deciles más bajos de ingresos, 23% al siguiente 20%, y 50% restante a familias de ingresos medios y altos. Un programa focalizado se hubiera concentrado en los dos primeros deciles o eventualmente en los cuatro primeros; aquí se optó por una medida universal que potencia el costo fiscal. La filtración hacia las familias no pobres sería de casi $ 2.000 millones en los primeros años y $ 3.600 millones al sexto año, en el caso de adhesión de 50% e individuos sin aportes, monto algo superior al inicio si las personas tienen algunos años de aportes.
A modo de comparación, el Presupuesto Nacional para el año 2006 incluye un monto total por ayuda social a las familias de $ 4.100 millones. Esta política de subsidio universal se suma a otros subsidios ya existentes (transporte, energía, servicios públicos en general) con filtraciones importantes hacia familias de ingresos altos y alto impacto fiscal actual o potencial. Además, genera evidentes inequidades para las personas que han realizado aportes, desalentando el cumplimiento presente y futuro a la espera de un nuevo esquema de este tipo.
El gran logro fiscal del gobierno aparece amenazado no sólo por el deterioro observado en las cuentas públicas provinciales, sino también por un Estado nacional que ha optado por «regalar a diestra y siniestra» apostando a que la recaudación puede crecer sin límite.
(1) Se puede optar por un menor número de cuotas, pero, dado que los intereses de las cuotas también son bajos, es de esperar que la gente opte por el máximo de 5 años permitido.



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