Se desespera mal el gobierno por el lento avance en el canje

Anoche, en Casa de Gobierno, Roberto Lavagna buscó calmar expectativas sobre la oferta por el default: «La aceptación hasta ahora es normal y satisfactoria».

El equipo económico anunció ayer una jugada que busca mejorar el grado de aceptación de la deuda, que por ahora se mantiene en niveles bajos: enviará un proyecto de ley al Congreso para impedir que en el futuro se reabra el canje y se mejore la oferta.

El anuncio corrió por cuenta del ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien además aseguró que se iniciarán «los trámites necesarios» para retirar de cotización aquellos bonos que no entraron en el canje. «Siempre dijimos que ésta era la última propuesta, ahora el Ejecutivo lo confirma a través de un proyecto que envía al Congreso de la Nación», aseguró el funcionario en una conferencia de prensa.

El objetivo es desalentar a quienes busquen rechazar la oferta («hold-outs») ante la posibilidad de que los títulos pasen a tener un valor nulo al no mantener la cotización en el mercado.

Con ambas medidas, se pretende inducir a los inversores (en particular a los extranjeros) para que entren en la reestructuración.

•Acumulado

Según los datos divulgados por Caja de Valores, el martes ingresaron órdenes por u$s 350 millones correspondientes al mercado local, una cifra que estuvo por encima del promedio de los últimos días. Correspondieron, fundamentalmente, a pedidos de los fondos comunes de inversión, que se volcaron por el bono Par. En la Argentina, el canje ya reunió unos u$s 18.900 millones, 70% del total de la deuda que se renegocia aquí. A nivel global, el canje acumula una aceptación de 27%.

De acuerdo con la visión de Lavagna, la operación de canje viene desarrollándose «con normalidad» y describió como «marcha satisfactoria» el resultado de los primeros días.

Según la visión del Palacio de Hacienda, la decisión de los acreedores de postergar hasta último momento su decisión pasa por presionar al gobierno para que mejore la oferta. Cuanto menor sea el grado de aceptación -especulan los bonistas- mayor será la necesidad del gobierno de ofrecer más incentivos. Así lo señalaron, incluso, varios análisis que en los últimos días publicaron distintos bancos de inversión.

La jugada de Economía fue imprevista, y la decisión se tomó ayer por la mañana con los datos del canje del martes, ya transcurridos trece días hábiles del canje. Al mediodía, Lavagna se comunicó con el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Snopek. Le pidió que se convocara lo antes posible a un plenario de comisiones para tratar el proyecto, aunque sin brindarle demasiadas precisiones.

Este plenario se reunirá el próximo martes, luego de una comunicación realizada con el titular de Finanzas de la Cámara baja, Rodolfo Frigeri. El objetivo, obviamente, es que el proyecto se transforme en ley antes de que finalice el canje, el 25 de febrero.

De aprobarse en los próximos días en ambas cámaras, todavía quedaría una semana y media por delante del canje, cuya duración incluso puede ser prorrogada. Lavagna y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, confían en que la última semana será clave, ya que definirán los pasos a seguir los grandes fondos y bancos del exterior.

Entre los legisladores hubo sorpresa por el pedido de Lavagna, quien prometió que en el transcurso de las próximas 48 horas presentará la iniciativa. Ocurre que el Congreso fue prácticamente ignorada en todo este proceso de renegociación, pese a que la Constitución nacional fija que es sólo el Poder Legislativo quien debe disponer la emisión o el arreglo de la deuda pública.

Las repercusiones desde el exterior no se hicieron esperar: «Se nota que viene mal el canje», fue la primera reacción de uno de los referentes del Comité Global de Acreedores (GCAB, según las siglas en inglés), la agrupación que reúne a bonistas que poseen u$s 40.000 millones de deuda en default.

En el GCAB aseguraron que esta ofensiva no tendrá resultados: «Es un proyecto de ley que puede modificarse con otro en el futuro si el gobierno lo requiere», explicaron. En este sentido, no fueron pocos los que recordaron otros proyectos aprobadas por el Congreso en los últimos años que luego fueron flagrantemente violadas: la ley de déficit cero y la intangibilidad de los depósitos.

En el prospecto que el Ministerio de Economía envió a las distintas autoridades regulatorias figura explícitamente que el gobierno se reserva la posibilidad de mejorar la oferta en cualquier momento. Justamente ante esta posibilidad se ideó la cláusula del «acreedor más favorecido». La misma les da la posibilidad a los bonistas que aceptaron el canje de entrar en una nueva oferta si las condiciones ofrecidas son más favorables desde ahora y hasta 2014.

Esta cláusula fue criticada duramente por distintas asociaciones de bonistas que la tildaron de «engañosa», y señalaron que no protege a los acreedores ante acuerdos privados o secretos («side agreements») que pueda realizar el gobierno con determinados grupos. Por eso, el proyecto prohíbe cualquier acuerdo «judicial, extrajudicial o privado» con acreedores una vez que finalice el canje.

En cuanto a la posibilidad de deslistar los bonos, no será una tarea demasiado sencilla. En muchos casos (como sucede con los bonos emitidos bajo jurisdicción alemana) se precisa 100% de la tenencia de una serie para que deje de cotizar. En ningún caso hace falta menos de 66% para «borrar» un título de las pizarras, como ocurre con los emitidos bajo ley americana. Obviamente, cuanto menos liquidez tenga un título más caerá su valor, con lo cual se presionaría a los bonistas para que acepten el canje antes de quedarse con un «papel sin valor», como describió Nielsen los títulos que queden fuera del canje.