Según BM, mejora clima de negocios pero aún ocupa últimos puestos del ránking
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Sin embargo, el informe denota algunas diferencias sustanciales: en el área de obtención de electricidad, los empresarios en Guyana reportaron 97 cortes de energía en 2015, mientras que en Costa Rica no se reportaron interrupciones en el suministro de energía.
"Las reformas empresariales de la región en el último año se concentraron en las áreas de apertura de empresa, pago de impuestos y comercio transfronterizo" dijo Augusto López-Claros, director del Grupo de Indicadores Globales del organismo multilateral.
"Seguir eliminando más obstáculos -advirtió- resulta esencial para las economías de la región con el fin de mejorar su clima de negocios".
El informe registra un total de 32 reformas implementadas por las economías de la región en el último año, en comparación con las 24 registradas el año anterior.
De acuerdo con el relevamiento del Banco Mundial, el cumplimiento con la normativa tributaria "continúa siendo bastante complejo".
El tiempo promedio necesario que tarda un empresario latinoamericano en pagar impuestos es de 343 horas al año (43 días laborables), en comparación con el promedio mundial de 251 horas (31 días laborables).
Sin embargo, nueve economías adoptaron medidas el año pasado para mejorar el proceso de cumplir con los requisitos tributarios, mientras Guatemala redujo la tasa del impuesto de la renta para sociedades, lo que se tradujo en un menor costo tributario para la mediana empresa.
Los países con menores facilidades para hacer negocios en la región son: Venezuela (puesto 187, peor aún que el año anterior, cuando se ubicaba en el nivel 185); Haití (181); Surinam (158); Bolivia (149); y Nicaragua (127), además de algunas pequeñas economías insulares caribeñas.
Entre los avances regionales, el Banco Mundial menciona los casos de Jamaica, que adoptó un sistema automatizado de gestión de datos aduaneros que reduce para los comerciantes el tiempo de cumplimiento con los requisitos documentales.
Ecuador, por su parte, facilitó la apertura de empresas al eliminar la necesidad de publicar los estatutos sociales en periódicos locales y Puerto Rico facilitó el registro de propiedades mediante la digitalización de registros de propiedad de la tierra, y una mejora de la calidad de la infraestructura y la transparencia de su sistema de administración de tierras.




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