Será más amplia la investigación a Pou

Ayer se reunió por primera vez la comisión bicameral que deberá analizar la conducta de Pedro Pou como jefe del Banco Central. Los diputados y senadores no sólo se limitarán a analizar la conducta de Pou en el control de operaciones sospechadas de lavado de dinero: analizarán también las decisiones del Central en la liquidación de bancos y el poder de policía financiera. Algo peligroso: las deliberaciones serán cerradas, pero ya existe temor entre los bancos por lo frágil que puede resultar la reserva de cinco legisladores sobre los documentos que allí se estudien. No habrá definiciones hasta conocer el informe final de la comisión del Senado de EE.UU. sobre el lavado de dinero, lo que estirará inútilmente la incertidumbre.

"N o va a haber circo. Las reuniones van a ser secretas, ni se esperen las cámaras de televisión. Nosotros tenemos que emitir un consejo al Presidente para que decida qué quiere hacer. No vamos a juzgar a nadie, ni esto es una comisión investigadora." Contento con haber desilusionado a la prensa en general, que esperaba un tribunal abierto acusador contra Pedro Pou, ayer Raúl Baglini explicó cómo funcionará la comisión bicameral que analizará la conducta del directorio del Banco Central en relación con supuestas operaciones de lavado de dinero.

Además evaluará el accionar de la autoridad monetaria y su rol de supervisión de bancos, para aconsejar a Fernando de la Rúa la remoción o permanencia de cada uno de los miembros en el directorio. Ayer se reunieron por primera vez. De todas formas, quedó claro que el funcionamiento de este cuerpo especial será más peligroso de lo pensado tanto para el Central como para el sistema financiero en general. Las averiguaciones de los diputados y senadores podrán abarcar todo tema «necesario» para evaluar la conducta del directorio en cualquier aspecto que esté incluido en las causales de remoción. Para ser más claros, no estará circunscripta a la investigación por lavado de dinero, sino a cualquier actividad propia del Central en los últimos años léase: podría volver a la luz la historia sobre la forma en que Pou actuó frente a la liquidación de bancos como el Mayo o el Patricios-. Además, cualquier información que solicite la comisión no podrá ser denegada argumentando el secreto bancario. La garantía que se ofrece para esto es la confidencialidad de las reuniones del consejo y el secreto de la documentación que reciba y del consejo que envíe al Presidente. «Nadie podrá conocerlo», prometen, «hasta que De la Rúa tome una decisión.

Lo contrario invalidaría el accionar de la comisión», dicen los integrantes, aunque algunos de ellos ya tienen pedidos de recusación, inviables ya que no se trata de un tribunal, por haber expresado opinión antes de comenzar las deliberaciones.

Es loable el intento de mantener en privado los informes sobre causas y pruebas que recibirá la comisión, pero los bancos temblaban ayer pensando lo difícil que puede ser mantener un secreto en una comisión de cinco miembros del Congreso. Basta recordar lo que sucedió hace seis meses con la causa sobre sobornos que, bajo secreto de sumario, Carlos Liporaci envió al Senado para el debate sobre los fueros de los imputados en ese proceso: un día después, el expediente completo podía consultarse en AmbitoWeb.

De todas formas, nadie negó ayer que el accionar de los legisladores estará limitado por la decisión política del gobierno de no enturbiar la situación del sector financiero, tal como pretenden José Luis Machinea y el propio De la Rúa. Además, no habrá ningún avance espectacular hasta que no se dé a publicidad el próximo 28 de febrero el informe completo sobre lavado en el Senado norteamericano.

La primera sesión de este consejo especial, previsto en el artículo 9 de la carta orgánica del Central, estuvo dedicada a redactar un reglamento de funcionamiento, habida cuenta de que es la primera vez que este cuerpo se reúne.

La primera definición que adoptaron los integrantes, los radicales Mario Losada, Raúl Baglini, Víctor Peláez y Alcides López y el peronista Carlos Verna, fue sobre el carácter que tendrá la comisión: «No es una comisión investigadora, no es un Jury, ni es una comisión permanente. Sólo tiene que aconsejar, sin fuerza vinculante, la remoción o no de algún miembro del directorio», explicaron ayer sus miembros. Después de haber ampliado el objeto de las investigaciones a cualquier acción del Central, esta declaración pareció un primer atisbo de cordura.

El mecanismo de averiguaciones deberá culminar comprobando si las acciones del directorio del Central se encuadran dentro de alguna de las causales de remoción que establece la carta orgánica. Es decir, incumplimiento de los deberes, mala conducta o, eventualmente, alguna incompatibilidad para ejercer el cargo. Pero desde el comienzo se supo que no habrá lugar para inocencias: los integrantes de la novel comisión pidieron una recopilación de información parlamentaria sobre si el Central envió al Congreso los informes anuales a que obliga la carta orgánica o si visitó dos veces por año las comisiones de finanzas y economía de ambas Cámaras. Todo sabiendo de antemano que Pou nunca cumplió con esos requisitos. Acto seguido, ordenaron tomar nota del material que será requerido en la próxima reunión, es decir, el martes que viene:

Pidieron a la Justicia una lista de los procesos penales iniciados contra miembros del directorio del Central y su estado actual.

A la Cancillería se le solicitó que tramite una copia del informe que elabora la comisión del Senado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero en el mundo. Esto reemplaza el viaje a Washington que había pedido un integrante de la comisión.

  Se solicitó a la radical Elisa Carrió, al demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez y al Procurador del Tesoro que aporten los elementos que tengan en su poder sobre la investigación de ilícitos relacionados con lavado de dinero.

Como garantía de todo el procedimiento, los legisladores se dieron ayer un reglamento. Allí se establece:

La documentación que se reciba va a ser clasificada en pública o secreta.

La comisión no tiene las facultades de una investigadora. Sólo habrá posibilidad de requerir informes.

Se aceptarán disidencias parciales o totales de los miembros a la hora de emitir el «consejo» al Presidente.

Las reuniones serán secretas.

Existirá un acta de cada reunión y habrá versión taquigráfica si lo decide el Presidente o si hay declaración de algún testigo. El taquígrafo que intervenga deberá prestar juramento de silencio.