Sería ilegal las subas en trenes

La suba en el transporte público de pasajeros en Capital Federal y Gran Buenos Aires que rige desde ayer puede gene-rar acciones judiciales contra el Estado nacional porque tiene una alta fragilidad desde el punto de vista legal, además del fuerte malestar que creará en los sectores de recursos medios y bajos para los cuales el gasto en movilizarse es una parte importante del presupuesto.

El aumento en el transporte automotor de pasajeros y en subterráneos (Metrovías) es el único que no suscitaría acciones legales. En el caso del autotras-porte, el gobierno tiene la facultad de fijar la tarifa, y según afirmó el secretario de Transporte, Jorge Kogan: «No había otra salida porque las tarifas están por debajo de los costos operativos». En lo que se refiere a Metrovías, el aumento de 10 centavos en el cospel estaba previsto en el contrato renegociado en 1999 por el gobierno anterior, con el visto bueno de los que hoy ocupan la administración nacional y de la ciudad de Buenos Aires. En el caso de los trenes, las cosas son distintas. El gobierno actual revisó y modificó durante más de diez meses la renegociación de los contratos originales hecha por el gobierno anterior, pero no llegó todavía a aprobar los correspondientes decretos. Y los decretos presidenciales son la norma necesaria para habilitar el aumento de 10 centavos en los tres primeros tramos de los ramales ferroviarios y para crear el fondo fiduciario que asegure que lo recaudado por la suba se destinará a la realización de las obras proyectadas.

Diferencias

A partir de este punto hay tres situaciones distintas: la del Belgrano Norte, la del Mitre y el Sarmiento y la del Roca, San Martín y Belgrano Sur. En el caso de Ferrovías, la empresa que explota la línea Belgrano Norte, se terminó la negociación a nivel de Transporte y del Ministerio de Economía, pero antes de que se dictara el decreto, el jueves pasado, la jueza María José Sarmiento, ordenó no innovar con aumentos tarifarios, hasta que se resuelva una demanda (Consumidores Libres, Héctor Polino, Antonio Cartañá contra el Estado nacional) que cuestiona todo lo convenido, incluida la prórroga del plazo de la concesión y la adjudicación directa de dos ramales nuevos.

Horas después de que se difundiera la medida cautelar de la jueza Sarmiento, el gobierno decidió la suba en los pasajes de todos los trenes, incluido el Belgrano Norte. Para justificar esta decisión, Kogan dijo que «el aumento también se aplicaba en ese ferrocarril porque el gobierno aún no se había notificado», argumento que ni la administración anterior se atrevió a utilizar cuando fue jaqueado por la Justicia también por un ajuste tarifario, el rebalanceo telefónico.

En el caso de Trenes de Buenos Aires (TBA), que explota los trenes Mitre y Sarmiento, el Ministerio de Economía abrió un documento de consulta en Internet cuando terminó la renegociación con la empresa y como paso previo al decreto, se presume que precisamente para evitar acciones judiciales.

Pero la consulta termina hoy y el aumento en los pasajes ya está vigente con lo cual el gobierno pasó por encima de los consultados, entre ellos el defensor del pueblo, la Comisión Bicameral del Parlamento y las asociacio nes de consumidores.

Se puede sospechar que cuando Economía conoció la orden de la jueza Sarmiento sobre Ferrovías y el fuerte cuestionamiento del defensor del pueblo, Eduardo Mondino, a lo pactado con TBA que presagiaba otra acción judicial, quiso adelantarse a la Justicia y presentarse con el hecho consumado. Esta estrategia se basaría en que con los aumentos ya en las boleterías, la Justicia sería más reticente a ordenar una marcha atrás, pero a su vez se corre el riesgo de una inmediata notificación judicial porque en este tipo de servicios, es imposible la devolución de dinero a los usuarios porque no se trata de facturas emitidas a nombre de un titular del servicio.

Por eso, lo que decidió el gobierno de Fernando de la Rúa es peor que la actitud de Carlos Menem con el rebalanceo telefónico: aunque éste se aplicó en medio de la disputa judicial, si la Corte hubiera declarado ilegal la reestructuración, las telefónicas debían recalcular los consumos y reintegrar el dinero.

Graves problemas

La situación es todavía mucho más discutible en el caso de Metropolitano, la empresa que explota el Roca, el San Martín y el Belgrano Sur. Esta empresa tiene problemas societarios graves que impidieron a la Secretaría de Transporte cerrar una negociación por los nuevos términos contractuales.

Es decir, en esos ramales no hay nuevas obras convenidas y se trata de una empresa en la que los socios se acusan unos a otros de vaciamiento, por lo que está por lo menos en riesgo la concesión y, en consecuencia, hay más peligro de que lo recaudado por el aumento no se destine a nuevas obras.

La disputa es entre la constructora cordobesa Ormas y Trainmet, una empresa de autotrasporte de pasajeros que en el último año incorporó como socios al cuestionado ex montonero Mario Montoto y a Sergio Taselli. Trainmet se ve así beneficiada por el aumento dispuesto por el gobierno tanto por el ajuste en el boleto de los colectivos como en los trenes, aun cuando el proyecto de modernización de Metropolitano todavía no está acordado.

Pero en realidad Metropolitano no es la única concesionaria con problemas financieros. Aunque no tenga problemas societarios, TBA también está en dificultades. Por este motivo, firmó un contrato con Siemens, que le proveerá el nuevo material rodante a incorporar, para que le busque un socio estratégico. El acuerdo con la subsidiaria alemana depende de que se ponga en marcha el proyecto de modernización, el mismo que de una manera imprevista, el gobierno da como aprobado, aun cuando no hay decreto presidencial.

A empresas endeudadas y con dificultades de gestión que podrían derivar en caída de las concesiones, antes de que se realicen las obras y no contra obra terminada, el gobierno les está concediendo un aumento de 10 centavos en los tres primeros tramos de cada línea, los que según datos del defensor del pueblo, representan más de 90 por ciento de los pasajes vendidos.

Amenaza

Este fin de semana, Mondino amenazó con llevar el tema a la Justicia por considerar que el incremento es «ilegal» y un «acto de mala fe» por parte del gobierno.

Según Mondino, «si se in-corpora en una tarifa de un servicio público una deuda del Estado, lo que se está haciendo es cobrarle un impuesto encubierto a los que toman el tren, esto es ilegal absolutamente».

Por su parte, el economista de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), Abel Viglione, calculó que el aumento de tarifas implicará que un trabajador con un salario promedio de 580 pesos destine 11 por ciento de su salario a transporte. «Un salario promedio industrial es de 580 pesos. Esa persona estaba gastando 52 pesos promedio para viajar, tomando dos transportes, Ahora se le suman 8 pesos, el gasto se va a 60, es decir 11 por ciento del gasto estará destinado a transporte», indicó Viglione.