Serio: cada vez más personas sin cobertura

Ya hay 8 millones de personas sin cobertura y trepará a 10 millones en 20 años. Desde el Estado, darles un beneficio implicaría un gasto equivalente a casi 4,5% del PBI (casi lo mismo que hoy exige el FMI como superávit primario). Ello surge de un documento, fechado en julio pasado, del Banco Mundial titulado «La crisis argentina y el sistema previsional».

El trabajo elaborado por Rafael Rofman demuestra que «los problemas fiscales y financieros de la Argentina de fines de 2001 y de 2002 están estrechamente relacionados con el sistema de pensiones». Estos son los puntos salientes del informe:

• La cobertura de las personas de edad avanzada probablemente disminuya en las próximas décadas como resultado del efecto combinado de la creciente informalidad y de los requisitos más estrictos. Esta consecuencia era obvia desde la creación del nuevo sistema previsional en 1994, momento en el que la cobertura era 10 puntos porcentuales mayor que en 2002.

• Pero este problema se vio exacerbado por la baja, en 2001, de los cotizantes cuando la cantidad de trabajadores que aportaban al sistema declinó en 21%. Una parte de esta disminución se vio compensada por un incremento durante 2002 (en diciembre de 2002, la cantidad de cotizantes al sistema fue de 3,8 millones comparado con 4,2 millones en diciembre 2000 y con los escasos 3,2 millones de diciembre de 2001), pero la cobertura aún resultaba muy baja, con 25% de la fuerza laboral realizando aportes al sistema y entre 6% y 7% a las cajas provinciales, policiales y militares.

• En el futuro la baja cobertura de los trabajadores activos generará una caída de la de los empleados de edad más avanzada. Este hecho implica graves consecuencias en materia de política social debido a que puede cuestionarse la efectividad de un sistema de pensiones que cubre a menos de 50% de la población objeto y también acarrea importantes riesgos fiscales.

• En los últimos tiempos se han discutido diversas propuestas para incrementar la accesibilidad de los beneficios existentes (por medio de la reducción del requisito de años de aportes) o para crear nuevos beneficios universales o beneficios no contributivos focalizados, temas que recibirán el apoyo creciente a medida que el problema de la cobertura se vuelva explícito para la población en general.

• Estos beneficios deberían financiarse con rentas generales, lo que implicaría la generación de un riesgo fiscal en potencia.

• Una estimación somera del costo de ampliación de la cobertura a todas las personas indica que, a partir de 2002, un nuevo beneficio universal (es decir uno que cubre a todos los individuos sin contemplar su situación dentro del sistema de pensiones) de $ 200 mensuales insumiría alrededor de 2,6% del PBI.

• Si se incluye a aquellos que no reciben otros beneficios, en ese caso, se reduciría la población objeto en dos tercios y el costo descendería a menos de 1%. La reducción de la cobertura esperada en el futuro incrementaría la presión para proveer beneficios básicos a los individuos excluidos del sistema contributivo.

• El efecto combinado del envejecimiento poblacional y de la menor cobertura llevará a un incremento de 170% de la población anciana sin cobertura para 2025, a razón de una tasa de aumento anual de 4,4%.