El proyecto de nueva ley de riesgos de trabajo remitido por el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, al presidente Néstor Kirchner prevé la creación de «Comités Mixtos Empresario/Empleado», o en su defecto consagra «delegados de higiene y seguridad», que entre sus facultades tendrían incluso las de determinar qué materias primas puede utilizar o no la empresa en la que se desempeñan. Fuentes del gobierno facilitaron a este diario acceso a la polémica iniciativa, que obviamente crea preocupación entre empresarios.
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No es lo único que con seguridad les resultará complicado: la norma eliminaría el plazo de dos años para presentar reclamos por accidentes o deterioro de la salud, que rige hasta ahora. En cambio, declara imprescriptible el derecho a pedir compensación por ciertas patologías, que serán determinadas en la reglamentación de la norma. Dicha imprescriptibilidad, sumada al hecho de que no existen límites a las indemnizaciones, coloca a las empresas en la delicada situación de no saber cuándo deberán enfrentar una demanda laboral, ni por qué monto. Tomada asumió la elaboración de una iniciativa cuyo propósito -en teoría- debía ser contrarrestar los efectos del fallo de la Corte Suprema que declaraba inconstitucional los topes indemnizatorios por accidentes de trabajo, al tiempo que habilitaba la vía civil para dichos reclamos.
Los empresarios dicen que los principales beneficiarios del proyecto Tomada serían los abogados de la denominada «industria del juicio», seguidos por las ART, cuya responsabilidad se limita a abonar lo que marca la ley. Denunciaron que las empresas de seguros dueñas de esas mismas ART están ofreciéndoles pólizas para cubrir contingencias en la Justicia civil, cuyo costo -dijo en su oportunidad la UIA- no puede ser afrontado por las pymes. Desde ya, esta situación profundizará la brecha que ya está separando a industriales de las ART.
• Consecuencia
El proyecto prevé también que los empresarios deberán hacerse cargo de los juicios que se hagan contra sus contratistas, subcontratistas, etc. aun cuando las tareas que realicen no se verifiquen dentro de los límites de la empresa.
De todos modos, aun cuando les preocupan las consecuencias económicas del régimen que propone Tomada, los empresarios consultados admitieron que lo que más les quita el sueño es la posibilidad de lo que algunos calificaron de «cogestión obrero empresaria», con la creación de los «Comités Mixtos» o la designaciónde lo que la iniciativa designa como «delegados de higiene y seguridad». Es que, además de crearse una nueva categoría de funcionarios sindicales a los que no se podrá despedir, estos delegados estarían en condiciones de suspender las tareas en la planta que los ocupa, alegando «daño grave inminente». El proyecto les daría incluso la facultad de opinar -en función de preservar la seguridad de sus representados- sobre las materias primas que emplea la fábrica.
El proyecto, en su artículo 3°, define esta situación como riesgo grave e inminente con un grado cierto y concreto de probabilidad, atendiendo a las particulares circunstancias del caso, para producir daños graves en la salud o en la vida de los trabajadores». Definir qué es «riesgo grave e inminente» será facultad de los nuevos delegados.
Por eso, los empresarios -sobre todo los nucleados en la UIA, que fueron quienes le pidieron a Tomada participar en la elaboración del proyecto, para recibir del ministro la respuesta: « Llegaron tarde...»- intentarán ser recibidos por Néstor Kirchner. Los argumentos serán los habituales en estos casos: mayor inseguridad jurídica, costos imposibles de afrontar por las industrias pequeñas y medianas, riesgos de interrumpir el crecimiento económico.
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