Pese al reciente fallo de la Corte sobre un amparo denominado de «segunda generación» (cuando se reclama la diferencia entre el dinero pesificado a $ 1,40 más el CER y el valor del dólar actual) sigue habiendo resoluciones judiciales que -según las entidades financieras- siguen complicando la liquidez del sistema. Según datos que surgen tanto de las mismas entidades como de los números de todo el sistema en el Banco Central, se están pagando amparos que equivalen a 50% de lo que se eroga en salarios al conjunto de empleados bancarios.
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¿Que está sucediendo? Sencillamente que el fallo de la Corte Suprema se dio sobre un caso puntual, el caso Cabrera, que trataba de un amparo de segunda generación pero sobre el cual el ahorrista, al retirar el dinero del banco, no había efectuado alguna reserva de acción legal a futuro. Y sobre este caso puntual, no extensible al resto de demandas similares, decidió la Corte, que preside Enrique Petracchi. Ahora, en diferentes entidades financieras consultadas por este diario, se confirmó que siguen habiendo resoluciones judiciales a favor de los amparos de segunda generación. Son cuando los jueces determinan que el ahorrista conservó cierta reserva legal al momento de retirar el plazo fijo pesificado del banco, que hubo «reserva imperfecta» o bien que la hubo y «transparente». Por eso es que, en el corriente mes, se habrían mantenido los $ 200 millones que se resuelven a favor de los amparos y que mantienen en jaque a los bancos.
De todas maneras, en la plaza financiera, aún a pesar de esto, resaltan la importancia del fallo de la Corte con el caso Cabrera. Aún está fresco en la memoria lo sucedido desde que se instauró el «corralito» en diciembre de 2001 con las reiteradas demoras de la Corte en resolver la cuestión. En setiembre de 2002 los banqueros pidieron el «per saltum» que la Corte denegó como una salida rápida para solucionar la avalancha de amparos. Desde entonces la única novedad que apareció importante en materia judicial para solucionar la ola de juicios que desató el «corralito» fue el reciente fallo sobre el caso Peralta. Pero su efectividad dista demasiado de ser la que esperaban no sólo los bancos, sino también el gobierno y el staff del Fondo Monetario. «Debería hacer falta una batería de fallos de la Corte que trate sobre los diferentes casos que se plantean en los amparos», reconoció a este diario un integrante del equipo económico. Sólo de esta manera se podría detener los fallos que jueces y cámaras efectúan sobre las demandas de los ahorristas que buscan recuperar los dólares depositados.
Más allá de la delicada situación que se sigue planteando - los amparos obligan a los bancos a mantenerse líquidos y dificultan el normal otorgamiento de créditos al tiempo que les hace incrementar las pérdidas patrimoniales- desde el gobierno no hay aún intención de avanzar sobre el tema.
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