Siemens extorsiona a la Argentina ante Wall Street

Economía

El grupo alemán Siemens llevó a la SEC (la autoridad bursátil de Estados Unidos, por sus iniciales en inglés) su reclamo a la Argentina por la ruptura del contrato para confeccionar los DNI: la empresa teutona dijo en un comunicado que exige una indemnización de u$s 500 millones por la ruptura «ilegal» -según aduce-de ese acuerdo. El contrato, firmado en 1998, preveía la puesta en marcha de un sistema informático destinado a la fabricación de documentos de identidad (DNI), el control aduanero y la gestión de los padrones electorales, dijo la empresa germana, que presentó un pedido de arbitraje contra la Argentina frente al Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La Argentina, por su parte, rechaza la intervención de este organismo e impulsa un arbitraje frente a sus propios tribunales, afirmó el grupo alemán. Un portavoz del grupo aseguró en Munich que la indemnización fue exigida para cubrir inversiones y servicios previos prestados en el marco del contrato, cancelado por la Argentina en 2000 por el entonces presidente, Fernando de la Rúa, en medio de un escándalo de denuncias cruzadas.

Fuentes cercanas al grupo señalaron que Siemens ya había amortizado unos u$s 367 millones hacia fines de 2001 por el fracasado proyecto. «Consideramos que el reclamo y la cifra están justificados», dijo el portavoz en declaraciones a la agencia «Reuters», quien se abstuvo de comentar sobre las posibilidades de éxito de la demanda. Peter Gottal, portavoz de Siemens, dijo a la agencia española «EFE» que la Argentina había cancelado el proyecto de manera unilateral y que, desde entonces, la firma germana ha intentado sin éxito alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales. Siemens ha presentado ahora una demanda de arbitraje ante el CIADI, argumentando que la cancelación del proyecto atenta contra los acuerdos bilaterales en materia de inversión entre Alemania y la Argentina. El proceso comenzará el próximo mes de enero, añadió el portavoz, que declinó dar más detalles al respecto. «Por primera vez damos a conocer al público cuánto invertimos en ese proyecto, y lo que consideramos una indemnización justa», agregó.

Cabe recordar que el proyecto siempre fue cuestionado por su alto costo, tanto para los usuarios como para el Estado. Así, el DNI iba a costar $ 27 (o dólares) por persona (el doble del precio a ese momento), todos los ciudadanos debían renovarlo obligatoriamente en un lapso determinado y el costo total del proyecto rondaba los u$s 1.260 millones. Voceros de la empresa dijeron: «Continuamos con nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo extrajudicial».

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