Sigue polémica entre gobierno y empresarios por ley laboral

Alberto Fernández

Tanto el jefe de Gabinete Alberto Fernández como el diputado Héctor Recalde salieron ayer a responder el duro comunicado emitido el miércoles por las principales entidades empresariales del país, en el que apuntaba contra los proyectos de modificación de la legislación laboral que impulsa el ex abogado de la CGT y hoy titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja.

Así, Fernández dijo en relación con la polémica que «no hay que hacer terrorismo, como les gusta hacer a los empresarios en este tema», una dura acusación que el documento de los dirigentes no parece justificar. El funcionario agregó, en declaraciones a una radio capitalina, que el gobierno «sigue con mucha atención» el tema e instó a «actuar con prudencia cuando se alteran las condiciones de desarrollo empresarial que también tienen que ver con el desarrollo económico».

Por su parte, Recalde, también en diálogo con una emisora porteña, sostuvo que las reformas que pretende introducir a la ley de contratos de trabajo «no fomentan la industria del juicio». El diputado también se introdujo en una cuestión en la que supuestamente no estaría trabajando, que es la ley de accidentes de trabajo. Esa norma se perdió: la había iniciado el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se la cajoneó justamente por las críticas que le hicieron los empresarios ( fundamentalmente desde la Unión Industrial Argentina), luego surgió un proyecto alternativo elaborado por el entonces titular de Economía Roberto Lavagna, volvió a Trabajo y desde hace meses no hay noticias de su paradero o estado.

«En 1991, antes de la ley de ART, se habían iniciado en la Capital Federal 22 mil pleitos por accidentes de trabajo. Cuatro años después, esa cifra bajó a 2.100. ¿Adónde está entonces el incremento de la litigiosidad?», dijo Recalde.

Retroceso

Lo que obvió el diputado por la CGT es que, justamente, lo que plantean las cámaras empresarias es que las modificaciones que se introducirían en esa ley, a partir de un fallo de la Corte Suprema, retrotraerían la situación de «industria del juicio» a niveles aún superiores a los que se registraban antes de que se creara el régimen de ART.

En tanto, y a pesar de las declaraciones de Fernández, trascendió que desde algún sector del gobierno -sería el ministro de Planificación, Julio De Vido- no verían con buenos ojos la ofensiva de Recalde, por lo que le pedirían que «baje un cambio» en el impulso a sus iniciativas. Y si bien esto parece más una expresión de deseos de los empresarios que un hecho real (ver, por caso, las declaraciones de Fernández), también es un hecho que Planificación tiene una agenda diferente de la del diputado y del jefe de Gabinete.

Desde esa cartera, que tiene decisiva influencia sobre el secretario Guillermo Moreno (el designado cancerbero de los precios « acordados»), observan con preocupación la evolución de los conflictos gremiales que podrían incidir en el índice de precios minoristas. De hecho, De Vido se comunicaría de manera regular con algunos de los principales ejecutivos de la alimentación para monitorear la marcha de una negociación que no sólo le quita el sueño a los empresarios, sino también al gobierno: la del gremio de la alimentación.

El conflicto parece difícil de destrabar. Las empresas se plantaron en el «techo» de 19% impuesto por el Ejecutivo, en tanto el sindicato que encabeza Rodolfo Daer reclama 25%. En este contexto vienen produciéndose violentas manifestaciones a las puertas de plantas fabriles (el miércoles fue el turno de la que tiene Kraft en el norte del Gran Buenos Aires), y para agravar aún más el panorama, las compañías denuncian que esos hechos (bloqueos de camiones, quemas de neumáticos, etc.) tienen como protagonistas a activistas ajenos al sindicato, y que apuntan a socavar la autoridad de Daer, uno de los líderes del sector de los «gordos», opuesto a la conducción de Hugo Moyano al frente de la CGT.

«Estamos entre la espada y la pared: por un lado, tenemos los activistas que nos amenazan todos los días y, por otro, el gobierno que -a través de Moreno- nos llama tres veces por día para garantizar que no vamos a subir los precios, al menos hasta fin de junio. Es obvio que nunca podríamos trasladar ni un centavo de los aumentos salariales a los precios; la situación es muy compleja», dijo a este diario un alto ejecutivo de la industria. ¿Calificarán estas declaraciones «off the record» dentro del «terrorismo» del que habla Fernández? Quizá se emparenten con lo que decía el comunicado suscripto el miércoles por UIA, AEA, ADEBA, Sociedad Rural y la Cámara de Comercio, entre otras, y en el que planteaban que las leyes que impulsa Recalde fomentarán la industria del juicio y la imprevisibilidad.