Sugestiva compra de 7 generadores

Julio De Vido

La licitación para instalar siete generadores que lanzó el gobierno la semana pasada suscitó críticas y algunas suspicacias por lo imprevisto y apresurado del anuncio y de los plazos. Desde los grupos que ya tienen la impresión que quedaron fuera del negocio, se escuchó incluso la versión de que un proveedor de turbinas sufrió la cancelación de una operación y las ofreció al gobierno de Néstor Kirchner, y que por eso se lanzó una licitación apurada en la que no tendrían posibilidades otros oferentes.

El miércoles 18, el Ministerio de Planificación anunció la compra de siete turbogrupos de generación eléctrica para ser instalados en Ensenada (2), Campana (2), Santa Fe (1), Córdoba (1) y Necochea (1), los cinco primeros de 270 megavatios de potencia y los dos últimos de 125 cada uno.

Un día después se publicó el Decreto 938 que instruyó a la cartera de Julio De Vido a que, a través de ENARSA, contrate la compra de las centrales. Ese mismo día, apareció el aviso de llamado a licitación con un presupuesto de $ 3.250 millones (unos u$s 1.038 millones). Los pliegos comenzarán a venderse el 7 de agosto, y las ofertas se abrirán el 11 de setiembre, lo que significa 35 días para preparar la oferta y presentarla.

Considerando la estrategia oficial, desde la óptica de las industrias se criticó el uso de más gas para la generación eléctrica, pero también es cierto que otra alternativa, como serían la hidroelectricidad y la energía nuclear, requieren más tiempo de preparación y de instalación.

Problemas futuros

El punto de vista de las industrias es que «la Argentina tiene serios problemas futuros de abastecimiento de gas natural». Las turbinas que van a comprarse más las que ya se están instalando en Campana y Timbúes consumirán 12 millones de metros cúbicos de gas por día, lo que equivale a 10% del consumo total en un día de invierno.

«Si ahora ya no hay gas suficiente en los días de frío, cuál será el problema si de golpe se añade 10% más a la demanda», consideró un industrial. Agregó que «aun dando por sentado que Bolivia pueda cumplir el contrato para suministrar más gas, lo que todavía es muy dudoso, los 12 millones que requerirán las nuevas centrales representarán alrededor de 60% del gas importado. ¿Qué quedará para el resto de los consumos que ya están restringidos, como la industria?».

La misma fuente dijo que «el gas adicional boliviano necesita ser transportado a Buenos Aires por un gasoductoque nunca podría estarplenamente operativo antesdel invierno de 2010, por lo cual las nuevas usinas deberán consumir, en una parte del año, gasoil que deberá importarse, incrementando los problemas actuales de logística, almacenamiento y costo fiscal».

Desde el punto de vista oficial, en cambio, se afirmó que las nuevas turbinas podrán operar a gas durante la mayor parte del año, por lo menos de setiembre a abril, cuando disminuye la demanda residencial, y así aportarán a la oferta eléctrica de los veranos con bajo costo.

En el sector energético, en cambio, las críticas fueron de otra índole. Un empresario se interrogó sobre el futuro del mercado eléctrico. Se teme que «de ahora en adelante sea el Estado con fondos públicos el que efectúe las expansiones, distorsionando el funcionamiento de un mercado que hasta ahora era libre».

No obstante, fuentes oficiales sostuvieron que «la inversión privada en generación terminó hacia fines de los 90, más que por un problema de tarifas, porque ya aparecía un techo al gas abundante y barato que hizo pensar hacia la mitad de esa década en que la Argentina les vendería gas y electricidad producida a gas a todos sus vecinos».

Según un funcionario del área energética, «las empresas productivas y comerciales no respondieron a la Resolución 1.281 que exigía incorporar equipos para la demanda adicional a la de 2005; ahora se quejan por las restricciones de electricidad, pero ni las grandes ni las medianas y chicas agrupadas compraron generadores». La misma fuente añadió: «El Estado termina así financiando a toda la economía, no sólo a los usuarios residenciales».

Esos argumentos, más el hecho de que la sequía en el Comahue mostró los límites del sistema eléctrico, no justificarían, sin embargo, pagar de más por las turbinas que van a comprarse: se afirma que el presupuesto implica unos 200.000 dólares por encima del valor del mercado para cada megavatio instalado.