También jubilados cobrarían con bonos

Atormentado por la urgencia de recortar el gasto, Carlos Ruckauf evalúa ahora pagar con bonos parte de los haberes de los 106 mil jubilados bonaerenses.

Con esto, los pasivos que dependen del Instituto de Previsión Social (IPS) quedarían equiparados con los empleados públicos que cobran sueldos de más de 700 pesos.

Ruckauf lo admitió ayer, y Horacio Rodríguez Larreta, titular del IPS, se liberó del collar de plomo: la última palabra -dijo-es del ministro de Economía, Jorge Sarghini.

En principio, los 203 mil beneficiarios del IPS -106 mil jubilados, 97 mil pensionados-habían quedado al margen del recorte. Pero hubo cambios.

La mutación es entendible: en haberes pasivos, la provincia gasta 1.350 millones anuales que, aunque se autofinancian con aportes, son tentadores para la tijera oficial.

En paralelo, se esboza el bono -podría presentarse esta tardeprogramado para pagar los salarios y el aguinaldo que, en las últimas horas, entró en zona de imprecisiones.

El cronograma oficial fija el martes 17 como día de inicio de pago del sueldo anual complementario a los 375 mil empleados públicos bonaerenses.

Pero Ruckauf no tiene efectivo, no estaría operativo el bono provincial y, en esas condiciones, los estatales sólo cobrarían parte del aguinaldo.

En el revoleo, también los intendentes tendrían que recurrir a títulos. «No es mi intención que los municipios tengan que usar bonos, pero lo define la Nación», se excusó Ruckauf.

Apuesta, por eso, al Plan A que los gobernadores del PJ blanquearon ayer: en vez de papeles provinciales, piden emitir un bono Federal con aval nacional.

Obsesión

De todos modos, se trabaja en la alternativa inicial de los vales bonaerenses. La obsesión capital es garantizar que el mercado respete su valor real.

«Trabajamos para que el valor de recupero sea igual al de la moneda, pero siempre existen dudas y temores, porque implica emisión de moneda encubierta», admitió el gobernador.

Felipe Solá gestiona con los hipermercadistas para que tomen los bonos, y Ruckauf pedirá a la Nación que puedan usarse para pagar impuestos nacionales y servicios públicos.

Se rastrea ese guiño, porque en La Plata reconocen que la emisión será por tiempo indeterminado: de arranque, se habla de 800 millones a un año con tasa de 5 por ciento.

En el caos, repta una mirada optimista sobre la reforma administrativa que bosqueja José Octavio Bordón, programada como ajuste estructural «sin costo social».

Se eliminarán organismos, directorios -en algunos casos, de 12 cargos quedarán sólo dos-y contratos políticos, como anticipo de una poda mayor.

Eso no calma a los gremios y empleados estatales, que el jueves montarán una movilización en la puerta del despacho del gobernador. Calculan 5 mil personas.

La convocatoria es del Foro Multisectorial, que amontona a los gremios combativos (CTA, ATE), el ARI de Elisa Carrió, frepasistas y la UCR alfonsinista que ordena Hebe Febles.

Y el martes, los profesionales de hospitales pararán por dos horas -entre las 8 y las 10-, ante la amenaza de que falten insumos para la salud.

Es el rebote de la amenaza de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (FEMAPE), que anticipó que habrá desabastecimiento en la prestación pública.

Ajena al incendio nacional, la Alianza bonaerense hace fila para aporrear a Ruckauf. «Desde que comenzó su gestión, gasta más de lo que recauda», dijo Eduardo Sigal.

«Esto ocurre porque se preocupó por hacer campaña presidencial y no por gobernar», corearon los radicales Carlos Pérez Gresia, Gustavo Marelli y Germán López.