Tardó 20 meses, pero ya rige la Ley PyME

El gobierno reglamentó ayer la Ley PyME, que había sido sancionada hace un año pero todavía no se había reglamentado. La medida más importante es la creación de un fondo por $ 100 millones que se usará para hacer aportes de capital en empresas, siempre que la partida presupuestaria no se recorte. A través de este fondo el Estado podrá pasar a ser socio transitorio de unas 500 firmas de todo el país. Es una medida peligrosa por los resultados negativos de experiencias similares en el pasado. Se reglamenta el funcionamiento del CompreMiPyMEs, para que en las licitaciones del Estado las empresas chicas tengan la posibilidad de igualar el precio de las firmas más grandes cuando el mismo no supere 5%. Fueron necesarios tres decretos para reglamentar esta ley, que tardó 20 meses en salir, ya que ingresó al Congreso a pocas semanas de asumir el actual gobierno.

Con casi un año de demora, el presidente Fernando de la Rúa reglamentó ayer la Ley PyME, que había sido sancionada en setiembre del año pasado y desde entonces estaba a la espera de su decreto reglamentario. La gran novedad que trae este instrumento es que habilita un fondo por $ 100 millones (FonaPyME) para que el Estado participe como socio en proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas y crea por un monto igual, el FogaPyME, que servirá para reasegurar las garantías otorgadas por las sociedades de garantías recíprocas (SGR).

El funcionamiento del FonaPyME (ver nota vinculada) será a través de un fideicomiso y se realizarán aportes de capital en proyectos de empresas nuevas o ya existentes de forma tal que el Estado comparte los riesgos de estos nuevos emprendimientos con los empresarios. Este fondo también brindará financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las empresas y formas asociativas.

Fueron necesarios tres decretos diferentes para que la reglamentación de la Ley 25.300, conocida como Ley PyME, pudiera salir. Un decreto para reglamentar los dos fondos, otro donde queda establecida una serie de modificaciones en la operatoria de las SGR y un tercer decreto para reglamentar el CompreMyPiMEs. Por medio del sistema Compre-MiPyMEs, las PyMEs que intervengan en una licitación tendrán la oportunidad de igualar el mejor precio siempre y cuando la diferencia no exceda 5% de lo que cotizó una empresa grande.

• Larga historia

La historia de esta ley comenzó hace 20 meses, apenas asumió el actual gobierno. Con el economista Guillermo Rozenwurcel a cargo de la SEPyME, el proyecto de ley ingresó al Congreso los primeros días de febrero del año pasado. Su aprobación tardó ocho meses y los primeros días de setiembre de 2000 el plan fue aprobado como ley. Pero los sucesivos cambios de secretarios en el área PyME (a Rozenwurcel lo sucedió el actual director del Banco Nación, Guillermo Busso, que luego fue reemplazado por Enrique Martínez) y la lentitud con la cual se trabajó en la reglamentación retrasaron su puesta en práctica: llevó 20 meses dejar lista la ley, un tiempo exageradamente largo para un gobierno que llegó al poder con la premisa de poner de pie al país a través del apoyo a las PyMEs.

Pero, más allá de las numerosas críticas que desde su creación recibió este instrumento, es la primera herramienta concreta que este gobierno crea para las empresas más chicas.

«Por fin», fue la primera reacción del actual secretario PyME, Enrique Martínez, al ser consultado por Ambito Financiero, para seguidamente explicar que «esta reglamentación es fundamental para aplicar los recursos que el Estado tiene para reactivar una parte sustancial de la economía nacional».

• Calificación

La reglamentación establece que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME), en su carácter de ente regulador de la ley, establecerá los criterios y mecanismos a seguir para calificar los proyectos de inversión que se presenten. El secretario PyME anticipó ayer a este diario que en dos semanas estará lista una resolución muy sencilla donde se especifiquen claramente estos criterios. Según explicó, la idea es que estos criterios tengan en cuenta el carácter asociativo de los proyectos, el impacto ambiental de los mismos y su contribución a incrementar el empleo de mano de obra, a desarrollar economías regionales, a promover mayor valor agregado local, a la generación de innovación tecnológica y al incremento de las exportaciones.

A la vez, Martínez presidirá el Comité de Inversiones, del cual participarán también la Secretaría de Hacienda, el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio SA (BICE).

Las funciones y atribuciones del comité serán fijar la política de inversiones del FonaPyME, efectuar los llamados a concurso público para la presentación de proyectos, establecer pautas de distribución de cupos entre las jurisdicciones territoriales y estipular los requisitos que deberán cumplir los proyectos que se presenten para obtener aportes por parte de FonaPyME, entre otros.

En cuanto al FogaPyME, según precisa la reglamentación, se constituirá mediante un aporte inicial de $ 100 millones a cargo del gobierno nacional y el Banco Nación y también brindará avales de primer grado en aquellas regiones o sectores de actividad que todavía no dispongan de una oferta de garantías por parte de las SGR.

Los decretos firmados por De la Rúa ayer estipulan algunos cambios en la forma de funcionamiento de las SGR, éstas son sociedades que dan avales para que las empresas puedan acceder a créditos a tasas más bajas. Entre los cambios, una misma SGR no podrá concentrar más de 25% de sus avales en un solo banco y más de 5% del total otorgado en una misma empresa. «Con esto se busca evitar que un banco cree su propia SGR para desgravar», explicó Martínez.