Tarifas: Duhalde se quejó de los jueces

Mientras el presidente Eduardo Duhalde se quejó ayer de que «hay muchos jueces que están tomando determinaciones que impiden que el Poder Ejecutivo siga los trámites que debe seguir», se espera que entre hoy y mañana la jueza Rodríguez de Vidal falle sobre el pedido de suspender las audiencias públicas previstas para la semana próxima para debatir tarifas de gas y de transportistas de electricidad.

En medios vinculados a la Justicia, se especula que la jueza insistirá con ordenar la suspensión de las audiencias, porque difícilmente iría en sentido contrario a su propio fallo anterior. La magistrada suspendió en setiembre las audiencias convocadas por la comisión renegociadora de los contratos para tratar aumentos de emergencia en los servicios públicos.

Indicó que la convocatoria contrariaba la ley de emergencia pública porque ésta no prevé aumentos «a cuenta» o de emergencia sino la renegociación integral de los contratos.

Ahora, las audiencias de la semana próxima fueron llamadas por los entes reguladores bajo el paraguas de las leyes de marco regulatorio de gas y electricidad. El criterio del gobierno es que la ley de emergencia no derogó las leyes anteriores que permiten aumentos por causas objetivas. Pero se cree que la jueza -ante una ampliación de la medida cautelar solicitada por la parte querellante- volvería a invocar que la ley de emergencia obliga a renegociar los contratos, antes de autorizar cualquier suba.

Ante un nuevo fallo adverso, el gobierno puede apelar la medida en segunda instancia, o recurrir a la Corte Suprema, por la vía del per saltum. Pero mientras se concretan esos procesos, las audiencias no podrán hacerse porque la apelación no suspende la decisión de primera instancia, debido a que se trata de una acción sumarísima pidiendo una medida cautelar autónoma. Por el contrario, si hubiera sido un recurso de amparo por el que se dicta una medida de «no innovar», la apelación suspende el efecto de la decisión de primera instancia.

En conferencia de prensa, Duhalde dijo ayer que la situación con las tarifas «no es un escollo» para arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Y consultado sobre la aplicación de ajustes por decretos de necesidad y urgencia dijo: «no se puede afirmar ni descartar nada».»Estoy convencido -agregó- de que van a funcionar las audiencias de conciliación, pero si hay obstáculos veremos qué decisión tomamos».

También dijo que «si no puede funcionar la ley, lo primero que hay que hacer es lo que ya hicimos: apelar las medidas judiciales y pedirle a los jueces que no obstaculicen el funcionamiento legal del país».

No obstante, reiteró su convencimiento de que las audiencias se concretarán y que se aplicará la tarifa social requerida por el gobierno. Asimismo, advirtió sobre los riesgos que corren los servicios por falta de mantenimiento e instó a las empresas a actuar con responsabilidad mientras se define el tema.

Duhalde afirmó que «los trabajadores del sector nos están alertando que no se están haciendo los mantenimientos, y los empresarios argumentan que no es rentable hacerlos, pero corremos riesgos con los servicios si no obramos responsablemente».

Por su parte, la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, quien, junto con entidades de consumidores, promovió la medida judicial, dijo que el gobierno «no puede aumentar las tarifas por decreto, como si no existiera la Constitución». Agregó que «existen leyes que determinan claramente los mecanismos de discusión y de definición de estos temas, las que no pueden ser violadas alegremente».

En opinión de Oliveira, el gobierno debe renegociar los contratos y en ese contexto fijar cuadros tarifarios, los que recién entonces se someterían a audiencia pública.