Tarifas: impugnan ya aumento en la Justicia

Mientras ayer comenzó a debatirse si la industria trasladará, en sus precios al público, el aumento de hasta 18% en gas y hasta 16% en electricidad, la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, y asociaciones de consumidores anunciaron que antes de que termine esta semana se presentarán en la Justicia para pedir la nulidad del decreto que autorizó los primeros aumentos de tarifas desde la devaluación.

En principio, el efecto en la caja de la industria se empezará a advertir a partir de las facturas que vencen en enero. Luego habrá que ver cuál es la incidencia de los servicios de luz y gas en cada actividad, y finalmente si la demanda permite subir los precios de los productos.

Ayer, el secretario de Energía, Enrique Devoto, justificó los ajustes y sostuvo que «el gobierno, al disponer un ajuste parcial de las tarifas, busca un equilibrio que permita cubrir los costos razonables de las empresas, pero sin afectar el derecho del usuario a tener un mejor servicio al menor precio».

En tanto, las empresas privatizadas de gas y electricidad consideraron que las subas de tarifas son «señales positivas» pero «insuficientes».

Al inaugurar el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica (CIDEL), el titular del evento y presidente de Edenor, Fernando Ponasso, consideró positiva la decisión del gobierno de incrementar las tarifas porque, en su opinión, «es necesario poner en práctica un sendero de recomposición tarifaria que permita recuperar la viabilidad de las empresas».

El empresario aclaró que «estos aumentos, que en el caso de nuestros clientes residenciales ronda 10%, están muy lejos del 36 por ciento que en promedio estamos pidiendo las distribuidoras, pero marcan un inicio del camino hacia la recomposición».

• Consumidores

Por su parte, entidades defensoras de los consumidores consideraron que el Decreto 2.437 es «inconstitucional» y anunciaron que antes de que finalice la semana recurrirán a la Justicia. Según Oliveira, «están recurriendo a un decreto que modifica una ley (la de emergencia), lo que no se puede hacer, y mucho menos dictar la emergencia en la emergencia».

La funcionaria afirmó que «lo que pasa es que no pueden modificar la ley de emergencia que ellos mismo dictaron porque no tienen capacidad para hacerlo en el Parlamento; están en una encrucijada».

Ariel Caplan, representante de las asociaciones de usuarios en la comisión renegociadora de los contratos, calificó de «inconstitucional» el decreto y dijo que «no existe ni necesidad ni urgencia para determinar un aumento de esa manera».

Ante la posibilidad de que la Justicia suspenda efectivamente el decreto, el gobierno analiza la alternativa de enviar al Congreso un proyecto de ley para que se modifique el artículo 8 de la ley de emergencia. El diputado Arturo Lafalla impulsa una iniciativa en el mismo sentido pero no se puede tratar porque, al haber empezado las sesiones extraordinarias, el Parlamento sólo puede debatir los proyectos previstos por el Ejecutivo en una agenda que todavía no fue elevada.

El artículo 8 de la ley de emergencia es el que establece la renegociación de todos los contratos de concesión de servicios públicos, y en él se amparan la Justicia (en pronunciamientos anteriores suspendiendo audiencias públicas) y las entidades de consumidores para afirmar que no puede haber aumentos de tarifas si no se realiza la renegociación integral de los contratos.