Terminar con el pacto de Olivos

El mayor símbolo del fracaso de la clase política argentina es el pacto de Olivos, que fue un acuerdo de cúpulas para consolidar el poder de los partidos políticos tradicionales que podrían perpetuar a sus principales dirigentes en el poder, más allá de las diferencias aparentes.

Su resultado fue la reforma constitucional de 1994, que desarticuló el funcionamiento de la Constitución histórica de 1853-'60, y tuvo como finalidades principales: para el peronismo, la reelección del presidente, y para el radicalismo, el tercer senador por la minoría. Para disimular esas aspiraciones dieron nacimiento, además, al Consejo de la Magistratura, la autonomía de Buenos Aires, el defensor del pueblo, la Auditoría General de la Nación, el Ministerio Público extrapoder, el jefe de Gabinete, la coparticipación obligatoria de todos los impuestos nacionales y la expresa constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia o delegados, además de un sinnúmero de formalidades que no tienen relevancia práctica o son cosas que ya estaban resueltas por la jurisprudencia y cuyos pocos aspectos útiles pueden disponerse por vía legislativa.

El conjunto de esas reformas realizadas en el pico de la euforia posconvertibilidad aumentó el gasto de la política en unos u$s 400 a u$s 500 millones por año, que con el efecto espejo de las reformas en las constituciones provinciales puede elevarse dramáticamente, habiendo estimaciones que situaban el gasto de «la política» en unos u$s 5.000 millones anuales antes de la devaluación.

• Debilidad

Pero lo más grave fue que al quitarle poder al presidente fuerte, diseñado por Alberdi para que pudiera lidiar en la lucha desigual contra el atraso material y la incultura cívica, dio paso a un presidente débil, sin autoridad, y por lo tanto inclinado al autoritarismo por instinto de supervivencia.

Fue así que desde la segunda presidencia de Menem hasta el interinato de Duhalde, se ha batido el récord de decretos de necesidad y urgencia y delegados (de los que sólo unos pocos fueron realmente urgentes), sin que ello sea atribuible a razones o sinrazones políticas o gustos personales, desdibujando completamente la división de poderes. Fue notable ver que tal proceder, sin embargo, no alcanzó a evitar el deterioro de la autoridad presidencial y su consecuente descrédito, que ya costó la primera caída de un presidente constitucional desde la reinstitucionalización del país, en 1983.

Es cierto que no fue un golpe militar sino uno de carácter civil el que lo tumbó, pero lo relevante es que quienes lo despojaron del poder también desconocieron las garantías constitucionales de los ciudadanos consagradas en la primera parte de la Constitución, ésa que ni siquiera los autores del pacto de Olivos se animaron a tocar directamente.

Lo cierto es que hace más de cinco meses tenemos un presidente que nadie votó, que gobierna en gran medida por decreto pese a gozar de un amplio apoyo legislativo y que no duda en violar las garantías de los ciudadanos que se oponen a sus designios, que, para peor, no sabe cuáles son o no transmite con claridad.

• Dilemas

¡Elecciones ya! Es el clamor ciudadano. Sin embargo, un simple llamado a elecciones nos enfrenta a varios dilemas. ¿Votamos para completar el eterno período de De la Rúa del que falta un año y medio todavía? ¿Votamos otra vez por un presidente para cuatro años, cuyo mandato quedaría desplazado temporalmente del que tienen los legisladores nacionales? ¿Cómo aseguramos un adecuado equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso o con los gobernadores ahora políticamente todopoderosos, pero mendicantes de los escasos recursos disponibles?

Evidentemente, se requiere una reforma institucional que permita hacer funcionar la República teniendo en mira aquello que la distingue de los totalitarismos: el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. Además, es urgente disminuir el costo directo e indirecto de la política, restablecer la representatividad de la dirigencia y crear instituciones sólidas que nos posibiliten un progreso realista e ininterrumpido.

Ese diseño es claro y lo tenemos desde Alberdi: es la Constitución histórica de la Argentina, que rigió durante su esplendor entre la organización nacional y 1949, con los intervalos revolucionarios de 1930 y 1943, y que volvió a regir plenamente entre 1983 y 1994.

Si la fiebre reeleccionista no hubiese brotado nuevamente, la oposición de entonces se hubiese atenido a los principios, y los ciudadanos hubiésemos defendido la República, tendríamos aquel diseño institucional intacto todavía y el año pasado hubiésemos elegido el cuarto presidente desde la reinstauración democrática, en lugar de afrontar la primera caída.

Mi propuesta para recuperarlo es simple:

1°) Que el Ejecutivo convoque a un plebiscito para que el pueblo responda a la siguiente pregunta: «¿Queréis que se deje sin efecto el pacto de Olivos derogando la reforma de 1994, restableciendo la Constitución histórica de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957 y declarando la caducidad de todos los mandatos para cargos electivos nacionales? Sí o No».

2°) Si la respuesta es afirmativa, debe enviarse un proyecto de ley de declaración de necesidad de la reforma para que una Asamblea Constituyente a reunirse en la sede del mismo Congreso de la Nación (para no incurrir en gastos mayores) en una sola sesión disponga derogar toda reforma introducida por la Convención Constituyente de 1994 a la Constitución nacional y declarar la caducidad de todos los mandatos legislativos nacionales.

3°) Aprobada la ley, convocar a elecciones para integrar la Asamblea Constituyente e introducir las reformas mencionadas. De la Sota demostró que eso puede hacerse en una semana.

4°) Inmediatamente, llamar a elecciones nacionales para presidente y vicepresidente de la Nación, por seis años sin reelección y para cubrir los cargos de legisladores nacionales, a razón de sólo dos senadores por provincia y la mitad de los diputados actuales por la vía de aumentar la base poblacional de representación. Esto último, de paso, disminuirá la necesidad de la reclamada eliminación de las listas sábana, que sería también muy positiva, ya menos cantidad de legisladores permitirá conocer mejor a los postulantes, salvo en los distritos más numerosos.

Con ese plan político recuperaríamos un sistema mucho más claro y simple, con jurisprudencia centenaria y menos costoso, que nos permitirá elegir un presidente que gobierne sin pensar en segundas oportunidades que no tendrá y renovar el Congreso cuestionado.

La división de poderes efectiva y en funcionamiento permitirá proteger las garantías individuales y restablecer las que han sido violadas, evitando que continúe la fuga de cerebros, brazos y capitales que se van en busca de aquellos nobles objetivos de nuestro Preámbulo, que no pueden conseguir en nuestro suelo.

(*) Abogado y doctor en derecho y ciencias sociales egresado de la UBA.