El Senado dio media sanción ayer a un proyecto de ley por el cual se estableció un tope de 7 por ciento anual del stock de las deudas como afectación específica para el pago de intereses de la deuda. De esa forma se fuerza a los bancos aceptar el canje de bonos a menor tasa que propone la Nación a las provincias que firmen el acuerdo, aunque se mantiene la posibilidad de garantizar la deuda con la totalidad de la coparticipación de cada provincia.
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El cálculo de la deuda se hará en base a lo que presenten las provincias al pasado 6 de noviembre a los efectos de pagar o garantizar títulos públicos, bonos, Letras de Tesorería y/o préstamos con entidades bancarias y financieras o no financieras. El proyecto, presentado por los peronistas José Luis Gioja y Carlos Verna, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue aprobada sin oposición por los diferentes bloques tras dos breves exposiciones de apoyo del propio Verna y de Juan Carlos Altuna.
La limitación de la afectación a 7% se relaciona con las transferencias diarias y automáticas que realiza, en favor de los tesoros provinciales, el Banco de la Nación Argentina (BNA), en base a la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de los diversos impuestos coparticipables.
• Conversión
En el proyecto aprobado anoche por el Senado se establece que la deuda pública de las provincias podrá convertirse en préstamos garantizados o bonos nacionales garantizados de acuerdo con lo establecido en los títulos II y III del decreto 1.387/01 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), con el correspondiente permiso de la provincia interesada y del Ministerio de Economía.
Esta media sanción que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, sale en reemplazo de un decreto similar que estudiaba el Ejecutivo como ofrecimiento a las provincias para cerrar el acuerdo de coparticipación.
La ley en trámite tiene por objeto dejar sin efecto el artículo tercero de la Resolución 1.075/1993 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, entonces también a cargo de Domingo Cavallo, por el cual se apeló para retener fondos coparticipables que dieron lugar a los actuales reclamos de los gobernadores de provincia.
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