28 de diciembre 2004 - 00:00

Trenes: confirmaron rescisión

Julio De Vido
Julio De Vido
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ayer la legitimidad de la rescisión de la concesión del ex ferrocarril San Martín a la empresa Transportes Metropolitanos al desestimar la apelación de una entidad defensora de los derechos de los usuarios.

Con la firma de los jueces Jorge Argento y Carlos Grecco, el tribunal rechazó los argumentos de la Asociaciónde Protección de los Consumidores de Transportes Públicos contra el fallo del magistrado Sergio Fernández
, quien había convalidado el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el mismo Julio De Vido, que dejó sin efecto la concesión.

• Incumplimiento

En el fallo, los camaristas señalaron que «el Decreto 798/04 del 23 de junio de 2004 dispuso la rescisión del contrato de concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros suscripto con la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín SA y una serie de medidas transitorias hasta tanto se entregue la posesión a la empresa que resulte adjudicataria».

En el escrito se agrega que «tales medidas fueron adoptadas ante el incumplimiento del concesionario de una serie de obligaciones que no habrían sido suspendidas a pesar del dictado del decreto que declaró en emergencia la prestación» de los serviciosferroviarios y subterráneosdel área metropolitana. «La presunción de validez de los actos administrativos impide disponer la suspensión cautelar de sus efectos sin una estricta apreciación de los requisitos de peligro en la demora y verosimilitud del derecho», que, según los camaristas, «no se advierten» en esta apelación.

• Apelación pendiente

Voceros de la empresa Metropolitano señalaron que, «si bien el fallo es contrario a la presentación de una entidad defensora de usuarios, no modificala situación actual, ya que no pone en vigencia el Decreto 798/04, porque está pendiente de sentencia una apelación nuestra, en la que la Justicia dispuso mantenerlo en suspenso».

En su pronunciamiento, los jueces
Argento y Grecco estimaron que no se percibe «que el Poder Ejecutivo haya incurrido en el ejercicio de sus atribuciones como autoridad competente en materia de transporte en una arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta que justifique la suspensión cautelar de los efectos» del Decreto 798/04.

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