Trenes: piden detalles de los fondos generados por aumento

El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, pidió al Ministerio de Infraestructura que, a través de la Secretaría de Transporte, le presente un detalle de los fondos fiduciarios constituidos con el aumento de 10 centavos en el boleto de trenes que rige desde el 17 de marzo, debiendo precisar banco y número de cuenta de cada uno de ellos.

Mondino inició juicio contra los aumentos en los trenes cuando fueron dispuestos en diciembre pasado. Si bien los reajustes se suspendieron hasta mediados de marzo por otras acciones judiciales, en la causa del defensor del pueblo, el juez de primera instancia, Osvaldo Guglielmino, no dictó la medida cautelar solicitada, pero ordenó que los ingresos adicionales obtenidos deben ser depositados en una cuenta fiduciaria en el Banco de la Nación Argentina, de la provincia de Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el magistrado, se debe constituir un fideicomiso de administración destinado exclusivamente a los fines fijados en los contratos rene-gociados que son los de Trenes de Buenos Aires y Ferrovías. El juez también aclaró que el destino de los recursos adicionales está limitado a la ejecución de obras prioritarias, por lo cual debe dictarse una reglamentación sobre la metodología para los egresos de dichos fondos.

Se entiende que Mondino está solicitando los datos de las cuentas donde están depositados los fondos y la reglamentación para los egresos, como paso previo a denunciar el incumplimiento del fallo, si lo hubiera, ante Guglielmino.

A esto se suma la situación especial de Metropolitano, la empresa que opera los trenes Roca, Belgrano Sur y San Martín, que no terminaron de renegociar el contrato con el gobierno y, por lo tanto, no tienen fijadas las obras a las que deben destinarse los recursos surgidos de los aumentos.

Por otra parte, Mondino informó que una ciudadana denunció ante la defensoría que precisamente Metropolitano está cobrando el aumento pero sigue entregando boletos con el precio anterior.

El defensor pidió al Ministerio de Infraestructura que se tomen las medidas necesarias para que se regularice la emisión de boletos por parte de las concesionarias y para que se efectúe una fiscalización sobre todos los ingresos a cada uno de los fondos fiduciarios constituidos.

Tarifas de gas

Por otra parte, Mondino advirtió que existe una «sutil método de presión» enfocado a «conseguir un fallo favorable» al aumento en las tarifas de gas, dispuesto por decreto en julio del año pasado, tras un acuerdo entre las empresas gasíferas y el gobierno para aplicar el ajuste de precios por inflación de EE.UU. correspondiente a diciembre de 1999, y suspender el traslado del aumento por dos años, al término de los cuales se reflejaría en las tarifas con una tasa de interés de 8,5%.

La suba fue suspendida por una medida cautelar dictada por la Justicia en primera instancia a pedido del defensor del pueblo, y fue apelada por el Estado, estando la causa en trámite en la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo.

Mondino cuestionó el incremento tarifario por la falta de realización de una audiencia pública previa y objetó el mecanismo indexatorio por precios de EE.UU. por considerar que viola la Ley de Convertibilidad y crea un sistema de privilegios en favor de las transportadoras y distribuidoras de gas.

Según el defensor, «desde los primeros meses de este año en reiteradas oportunidades transcendieron versiones de un inminente fallo en el que la Sala V autorizaría el incremento cuestionado, lo cual nos hace pensar que estamos ante un sutil método de presión en la búsqueda de conseguir un fallo favorable».

Según Mondino, a este «sutil método» parecería haberse sumado en los últimos días el flamante ministro de Infra-estructura, quien adelanta opinión sobre un fallo judicial que aún no se dictó. Manifestó que «lo mejor que podría hacer Carlos Bastos es revisar aquel decreto que arbitrariamente autorizaba aumentar las tarifas de gas a los usuarios residenciales y clientes industriales, median-te un acta acuerdo suscripto entre el Ministerio de Economía (a cargo de José Luis Machinea) y las transportadoras y distribuidoras de gas y que creaba un mecanismo compensatorio que no se encuentra previsto en ninguno de los contratos de concesión».