U$s 1.000 millones

Aunque el acuerdo urgente con el FMI incluye la refinanciación de todos los vencimientos de capital que afronte la Argentina hasta 2006, la decisión del organismo de demorar la aprobación de metas cambió las reglas de juego. El gobierno ya efectuó pagos por u$s 1.000 millones que todavía no fueron devueltos; la cifra podría acrecentarse en setiembre, cuando vencen otros u$s 800 millones. Este flujo afecta negativamente a las reservas y complica todavía más el acuerdo con los acreedores por el default.

El atraso del FMI por aprobar la revisión de metas está reduciendo los flujos de fondos que debería recibir el país y, por lo tanto, afecta negativamente su nivel de reservas. En los siete primeros meses de 2004, el balance con los organismos multilaterales ya acumula un rojo de u$s 1.000 millones de capital.

Este es el monto de cancelaciones de préstamos que efectuó el gobierno y que todavía no le fue devuelto. Desde 2002, ese balance negativo asciende a u$s 8.000 millones.

El acuerdo que firmó la Argentina con el FMI en setiembre del año pasado incluía un esquema de financiamiento neutral. Esto significa que todos los vencimientos de capital que el gobierno debe asumir con los organismos son luego devueltos por las instituciones (en el esquema entraron tanto el FMI, Banco Mundial y BID). No así los intereses, que no se restituyen.

• Créditos trabados

Sin embargo, en los últimos dos meses la Argentina canceló puntualmente pagos, pero no recibió nuevos fondos de los organismos internacionales, ya que algunos créditos están trabados ante las demo-ras del directorio del Fondo por aprobar las metas. Esta es la situación con un préstamo de u$s 650 millones del propio FMI y de otros u$s 250 millones del Banco Mundial.

La decisión del Fondo de postergar el tratamiento del caso argentino por lo menos hasta setiembre podría agravar significativamente esta tendencia. Ese mes vence un crédito de u$s 700 millones con el FMI y otros u$s 100 millones con el resto.

Una vez más, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, deberá definir si realiza los pagos sin estar seguro de su devolución o espera a que se destrabe la negociación con el organismo. Ya dos veces Lavagna eligió entrar en mora. Por lo pronto, el Tesoro compró u$s 1.080 millones en el segundo trimestre, y parte de esos fondos podría aplicarse a cancelar deuda.

Esta ausencia de refinanciación (o roll-over) también juega en contra de los planes del gobierno de continuar con la reestructuración de la deuda. «El plan para salir del default incluye la refinanciación de vencimientos con los organismos. Si este supuesto no se cumple, es obvio que quedarían menos recursos para los bonistas», argumentan en Economía. Por eso, Lavagna acusó al FMI de interferir en la negociación con los bonistas en caso de que continúe demorándose la aprobación.

Si bien las reservas superan los u$s 18.000 millones, el monto actual debería estar u$s 1.000 millones arriba en caso de respetarse el cronograma estipulado de pagos y cobros con organismos.

• Sin desesperación

En el Palacio de Hacienda, de todas formas, no se desesperan por las demoras. «Ahora está todo del lado del Fondo. Son ellos los que tienen que adoptar una decisión política», explicaron. Esperan que el titular del Fondo, Rodrigo Rato, abandone la posición dura que mantuvo hasta ahora y puedan ir encontrándose puntos que acerquen el acuerdo. En la agenda de temas que tiene el directorio para esta semana (la última antes de las vacaciones de verano) no figura la revisión del acuerdo con la Argentina.

El tratamiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal pasado mañana en Diputados será una señal importante para destrabar las negociaciones. También el gobierno espera avanzar durante este mes con los acuerdos con las privatizadas, especialmente en los casos de luz, gas y peajes. Son algunos de los temas pendientes que traban la reestructuración.

Por supuesto, la cuestión central pasa por la renegociación de la deuda. El gobierno espera que en las próximas dos semanas llegue la aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC) y así comenzaría a fines de agosto o principios de setiembre un road show para presentar la oferta a los acreedores en todo el mundo. Sin embargo, los bonistas aseguran que no existen negociaciones de «buena fe» y siguen amenazando con boicotear la oferta.