La creación de ENARSA, la nueva empresa estatal de energía, llegará finalmente mañana al recinto del Senado, cuando está previsto que se debata por primera vez el proyecto. El PJ no tiene mayores problemas en aprobar la ley, pero eso no significa que no exista oposición.
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Ayer, el salteño Ricardo Gómez Diez presentó un dictamen de minoría donde critica tres puntos esenciales de la nueva empresa. «La ley tiene muchos huecos: uno es que hay una tipificación dentro de la ley de sociedades que no se cumple.» Para este caso corresponde calificar a ENARSA como una «Sociedad con Participación Estatal Mayoritaria» y no una «Sociedad Anónima». «El tema no es menor. Está en juego una cuestión elemental, que es la del control. El gobierno quiere sujetarla al capítulo de sociedades anónimas porque así no entra dentro de los controles que establece la Ley de Administración Financiera del Estado», explicó Gómez Diez a este diario. Esta misma crítica fue lanzada por el radicalismo durante el debate en comisión del proyecto que se tratará mañana.
Otra de las objeciones se basa en que se le esta otorgando a en concesión a la empresa el manejo de todas las áreas de explotación petrolera que hoy están en poder del Estado, con lo cual se confunde a la sociedad con el Estado mismo: «Se altera así el sistema de Ley 17.319, la cual establece estrictos mecanismos para el otorgamiento de permisos y concesiones, los que, por esta ley, la empresa sortearía», dice Gómez Diez apoyado por un grupo de senadores.
Los radicales, mientras tanto, debaten dentro del bloque partidario entre oponerse a varios puntos de la estructura legal con que se constituirá ENARSA y apoyar el proyecto en la votación en general -lo que el PJ da por descontado- basados en la oposición que mantuvieron en su momento con la forma en que el gobierno de Carlos Menem privatizó YPF.
El análisis del proyecto en el Senado demoró hasta ahora casi dos meses, en los que se consultó a funcionarios, empresarios y técnicos. Después de esa ronda, los peronistas firmaron un dictamen de mayoría y el radicalismo lo hizo con algunas disidencias, como por ejemplo la superposición de funciones entre la nueva empresa y la Secretaría de Energía, es decir, el Estado.
ENARSA tendrá por objeto llevar a cabo, por sí o por terceros, la exploración y explotación de yacimientos líquidos o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución y comercialización de estos productos. El proyecto «tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a permisos o concesiones vigentes».
La empresa podrá operar «en cualquier segmento de la cadena de valor de los bienes energéticos en forma integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas». Contará con una mayoría accionaria estatal de 53%, «con acciones Clase A intransferibles por ley», y el resto del capital accionario se repartirá en acciones ofertadas a privados, con 35% que cotizará en Bolsa y 12% para las provincias productoras de hidrocarburos.
