Ya hay otro plan en ajuste por inflación

El gobierno para compensar la prohibición a las empresas de ajustar balances por inflación. El Congreso se negó a votarlo y las empresas siguen exigiendo la segunda opción, aunque Roberto Lavagna ya ha confirmado que no aceptará ajustar los balances por inflación y toda ley que lo establezca tiene garantizado un veto del Ejecutivo. Por eso, desde hace una semana, un grupo de senadores liderados por el santafesino Oscar Lamberto comenzó a redactar otra iniciativa -podría alcanzar a los sectores más afectados por la crisis-, que permitirá prorratear en tres años el pago de la diferencia provocada en el Impuesto a las Ganancias, producto de la actualización de precios por la devaluación e inflación. En Economía, la iniciativa es vista con buenos ojos y no tendría la oposición del ministro. El plan alternativo que elabora el Senado sólo se aplicaría para aquellas empresas que presenten sus declaraciones juradas y no recurran a la Justicia.

El nuevo proyecto, hasta ahora, sólo comprende el sector ganadero, a pesar de que los cerealeros aparecen entre los más complicados. En ese caso, la ley establecerá que la ganancia que aparece en los balances producida por la diferencia entre el precio inicial del stock y el precio final de ese mismo stock, después de haber sido afectado por la devaluación e inflación, podrá liquidarse a la AFIP en tres períodos fiscales consecutivos.

• Análisis

Ese beneficio gravable con Ganancias, que en realidad no significa un ingreso extra para la empresa, en este caso agropecuaria, sino una variación en el precio producto de la devaluación, es lo que originó la protesta que mantienen desde hace meses todas las empresas pidiendo que se las autorice a ajustar sus balances incorporando la distorsión por inflación.

El hecho es que el Ministerio de Economía ya analiza en privado extender ese mecanismo para compensar a otros sectores que también vieron afectados sus stocks por inflación, pero no se piensa en una aplicación amplia.

Después de la devaluación, todos los sectores de la economía comenzaron a presionar al gobierno para que autorice el ajuste de balances tomando en cuenta la evolución de la inflación, para aplacar el impacto en el Impuesto a las Ganancias por la suba de esos precios.

Pero Lavagna se negó sistemáticamente a aceptarlo argumentando que podría ser la piedra que lanzara una escalada inflacionaria. El ministro no quiso aceptar, siquiera, que ese ajuste se hiciera por única vez.

• Reducción

En su lugar, envió al Congreso un proyecto de ley que reducía de 35% a 30% la tasa del Impuesto a las Ganancias al tiempo que se prohibía expresamente a las empresas computar ajustes por inflación en sus balances. Pero en ninguna de las dos cámaras hubo acuerdo para votarlo, ya que la mayoría de los legisladores sostenía la necesidad de habilitar el procedimiento de ajuste.

De esa forma, quedó sin definición la situación de las empresas que vieron incrementar los precios de sus stocks por la devaluación y que deberán liquidar Ganancias por esos incrementos. En su lugar, muchas optaron por recurrir a la Justicia y ya han obtenido medidas cautelares que inicialmente las habilitaron a presentar sus liquidaciones a la AFIP tomando en cuenta el componente inflacionario, lo que también complica al gobierno.

Desde el sector agropecuario, siempre se argumentó que Ganancias se debe tributar, en este caso, sobre utilidades ficticias o nominales, abultadas artificialmente como consecuencia del cambio en la cotización del peso, y que no constituyen ganancias reales. La valuación de las existencias finales sin considerar ese efecto inflacionario genera una apreciación de los activos que distorsiona el valor de la obligación tributaria, provocando como consecuencia un incremento irreal.