Apuran sistema que da poder a fiscales

 El Gobierno impulsará en el corto plazo la reglamentación de la reforma Procesal Penal en un intento para volver a dominar la agenda tras el escándalo político acontecido por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los últimos borradores indican que finalmente el modelo acusatorio (que traspasa poder de los jueces a los fiscales) comenzará a instalarse en la Justicia nacional ordinaria en un proceso que tendría su epicentro en la Casación Penal ordinaria. Por ahora se dilata la instauración en el decisivo fuero federal. A la vez, en las últimas horas en el kirchnerismo han deslizado que antes del deadline estipulado el Gobierno propondrá su candidato para la quinta vacante de la Corte Suprema de Justicia.

El avance en la reforma Procesal Penal fue uno de los motivos que en 2014 ensancharon las distancias entre el Gobierno y los jueces. Sin embargo, en la óptica del oficialismo, dicha reforma no fue el disparador de una saga de medidas procesales contra miembros del gabinete y allegados. En realidad el oficialismo definió avanzar con la reforma luego de que Nisman dictaminara contra el memorando de entendimiento con Irán y que su pronunciamiento fuera bien recibido por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballesteros.

Teherán asoma así como un punto determinante en el inicio de las turbulencias entre ambos poderes. A partir de papers de geopolítica (donde además del memorando se incluye el acercamiento a los BRICS) el oficialismo explica su tensión actual con la ex SIDE y su vocación disruptiva para con ficho organismo mediante la lógica de que los principales directivos del espionaje criollo tenían un concepción unipolar de la política macro, demasiado cerca de Estados Unidos.

El kirchnerismo avanza contra exfuncionarios de la SIDE con la noción de que el camino elegido no ofrece espacio para arrepentimientos ni dudas. Es el concepto que desde Olivos se giró a la cumbre de gobernadores del PJ. La contienda en los sótanos del espionaje tiene para el kirchnerismo puro la épica de las batallas contra Clarín y los productores agropecuarios y espera utilizarlas para cerrar filas internamente. En las reuniones reservadas de Balcarce 50 domina la idea de que si bien el caso Nisman marca un punto de quiebre para la campaña, la proactividad que el Gobierno exhibirá en los próximos días minimizará los daños y le permitirá al oficialismo recuperar la iniciativa. En ese sentido, ya se sabe que la redacción de los proyectos que buscaran reformular la ley de inteligencia serán monitoreados por las nuevas autoridades de la SIDE, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, y que, tal como adelantó este diario, incluirá definiciones sobre el control de la oficina a cargo de las pinchaduras que ordenan los jueces a los espías.

Desarrollar la puesta en funciones del sistema acusatorio presentará a su vez al Gobierno el desafío de que los tres fiscales designados para actuar ante la Casación ordinaria no lograron asumir a causa de una cautelar firmada en el fuero contencioso administrativo por pedido del legislador Mauricio De Alessandro.

Los fiscales asignados a la nueva Casación (donde habitan referentes del grupo Justicia Legítima ) estaban contemplados en un anexo reglamentario de la reforma que por ahora no se reglamenta. Ayer todo indicaba que el kirchnerismo podría esperar a marzo y enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para validar la designaciones de fiscales en el ministerio Público. Todavía resta definirse quien ocupará la secretaría de la nueva Casación.

Ya definida el alcance inicial de la reforma ahora el kirchnerimo debe despejar dudas en torno a los tiempos de implementación y de las leyes del ministerio público, como es el caso de la ley que regula la Defensoría General de la Nación.

Estos avances buscarán ser complementados desde el kirchnerismo con la nominación del candidato del Gobierno para la quinta vacante de la Corte. Un giro que por el momento se anticipa como calculado y más sustentado en la táctica que en el dogmatismo.