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Blindan a la hija del rey en la trama corrupta que encabeza su esposo
Infanta Cristina
La infanta Cristina ocupó puestos directivos en dos empresas matrices de la presunta red de corrupción creada por su esposo.
La fiscalía rechazó la denuncia de un abogado, Fernando Pamos, que presentó contra la infanta el pasado 13 de enero por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, delito societario de gestión y de falsedad en documento mercantil.
En la denuncia, el letrado pedía al fiscal que «iguale a todos los españoles» ante la ley y dijo que era imposible que la hija del rey «no estuviera al tanto de las actuaciones de su esposo» como para acumular tanto patrimonio.
La fiscalía contestó que «en ningún momento se describe una conducta de aquella (la infanta) que resulte incardinable en ningún tipo penal».
El abogado presentó la denuncia el mismo día en que la prensa difundió correos electrónicos intervenidos a Urdangarín que figuran en el sumario.
En uno de ellos, una «asistente» escribió a Urdangarín el 18 de septiembre de 2009: «Iñaki, como sabes, SAR (su alteza real, la infanta Cristina, ndr) me ha encargado unas compras que no puedo justificar por gastos de Aizoon. Si te parece le doy los tiques a Marco (Tejeiro, excontable de Nóos, imputado, ndr), para que él me devuelva el dinero de la caja. ¿Nos das el OK? Gracias».
La fiscalía replicó que «la hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción» y que se basa exclusivamente en «informaciones periodísticas» y «no contiene un relato de hechos» para sostener la implicación penal de la infanta.
Según los testimonios recogidos por el juez del caso, José Castro, la hija del rey se habría beneficiado de las actividades presuntamente ilegales de Urdangarín, pero no participó en la toma de decisiones.
Su esposo, además, previsiblemente exculpará a la infanta el próximo 25 de febrero cuando preste declaración como imputado ante la Audiencia provincial de Palma.
El abogado de Urdangarín, Mario Pascual, respondió al ser preguntado por la infanta que «su alteza nada tiene que ver con este proceso legal. Y hay que intentar molestarla lo mínimo posible».
Pero el 11 de febrero volverá a prestar declaración el exsocio de Urdangarín en Nóos, Diego Torres, también imputado, y enfrentado al yerno del rey desde 2008.
Torres sí podría recurrir a datos sensibles que puedan comprometer a la infanta, según fuentes de la investigación.
La infanta era vocal del Instituto Nóos -la entidad sin ánimo de lucro que Urdangarín utilizó para lucrar a costa de instituciones públicas- y compartía en partes iguales con su esposo la propiedad de la inmobiliaria Aizoon, la empresa que usó Urdangarín para desviar fondos captados por Nóos.
En concreto, Aizoon recibió de Nóos entre 2004 y 2005 cerca de 748.000 euros en concepto de apoyo logístico para eventos financiados por administraciones públicas, operaciones que podrían constituir delitos de fraude por corresponder a trabajos ficticios, según la fiscalía anticorrupción.
La infanta Cristina recibió beneficios directos de estas operaciones: ella y su esposo utilizaron 600.000 euros desviados a Aizoon para reformar un palacete que adquirieron en 2004 en Barcelona por cerca de 5 millones de euros.
De la declaración de la renta de la infanta Cristina de 2006, publicada este mes por el diario El Mundo, se desprende que en tres años ganó 571.000 euros con Aizoon tras una inversión inicial de 1.500 euros.
Agencia ANSA
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