Un sistema obsoleto, a punto de quiebre

Una de las principales medidas de la propuesta consiste en imponer una edad mínima para jubilarse, de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un período de transición de 12 años. Brasil es uno de los pocos países que no exige una edad mínima para el retiro laboral.

El régimen actual permite retirarse a las mujeres que cotizaron durante 30 años y a los hombres que lo hicieron durante 35, sin una edad mínima, aunque el monto del beneficio mejora para quienes prolongan su vida laboral. Con todo, quienes se jubilan por este sistema lo hacen en promedio a los 54,2 años.

Unas 35 millones de personas son beneficiarias (jubilados o pensionistas) del régimen general del sector privado (RGPS). El tope de los beneficios es de 5.839 reales (1.578 dólares), equivalente a más de cinco salarios mínimos.

En las cajas de funcionarios federales estatales, o para los militares, ese techo no existe, y se toma como referencia el último salario o el 80% de los mejores salarios de la carrera.

Las reformas propuestas por el Gobierno deben exigir en principio sacrificios de todos, empezando por el de cotizar 40 años para gozar de un beneficio completo.

Los gastos totales de los regímenes de jubilación representaban un 13,6% del PBI en 2017 y podrían llegar al 23% en 2060.

Las proyecciones apuntan a un rápido envejecimiento de la población. En 2018, un 9,2% de los 209 millones de brasileños tenía más de 65 años. En 2060, será el 25,5%.