Usina Río Turbio: Bonadio activa causa principal y cita a primer "arrepentido"

Agencia Noticias Argentinas

Mientras se aguarda una inminente definición de la Cámara Federal sobre los procesamientos dictados en el marco de la causa de los “cuadernos”, el juez federal Claudio Bonadio dejó de lado por un momento los avances de ese expediente y activó otro caso que venía rezagado con algunos protagonistas similares. Citó ayer a indagatoria al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a su entonces mano derecha Roberto Baratta, al exgobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y a varios empresarios en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la construcción de la usina Río Turbio. La novedad es el regreso a tribunales del primer hombre de negocios “arrepentido” en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, el ex Isolux Juan Carlos De Goycoechea, a quien el fiscal Guillermo Marijuan le pidió la detención, luego de que fuera excarcelado por su confesión en el expediente por el mecanismo de presuntos sobornos.

Bonadio dio curso así a las indagatorias que habían sido solicitadas por Marijuan y que comenzarán esta semana y se extenderán hasta el 11 de enero en los tribunales de Comodoro Py. Bonadio ya decidió que no habrá feria para él ni para ninguno de los involucrados en expedientes de presunta corrupción.

La causa había sido reabierta por la Cámara Federal e, incluso, meses atrás el fiscal Marijuan había reclamado las indagatorias pero también detenciones en el caso, las que hasta el momento no fueron concedidas por el magistrado.

Según investiga la Justicia, se habría llevado a cabo un perjuicio patrimonial al Estado nacional con la construcción de la denominada Central Termoeléctrica a carbón Río Turbio, a partir de la licitación que lanzó el Ministerio de Planificación para su construcción bajo la modalidad llave en mano, que culmina con la adjudicación de la obra consorcio Isolux Corsán a un precio ostensiblemente mayor al del mercado internacional.

En diciembre de 2007 el Estado nacional firmó contrato con la empresa Isolux Corsan para construir la mina aunque había advertencias, como el problema de las toneladas de ceniza que generaría la central y el hecho de asegurar la generación de unos 240 MW. El problema era que para garantizar esa producción se debía generar un costo extra para el Estado nacional o importar el carbón para alimentar la central.

Además, la obra que tenía un valor inicial de $1.500 millones luego se incrementó a $2.600 y, finalmente, a un valor superior a los $4.000 millones.

En 2015, y ante la falta de carbón para operar, la mina cerró su producción y el Estado nacional quedó en deuda con la empresa Isolux Corsan por más de $700 millones al no haber aprobado los certificados de obra de la mina.

“El procedimiento de licitación, contratación, ejecución y financiamiento de la obra de construcción de la CTRT, caracterizado por las numerosas irregularidades supuso un incremento patrimonial indebido para el Grupo Isolux. A ese resultado -beneficio del grupo privado y perjuicio al Estado- no habría podido arribarse sin la intervención de funcionarios públicos interesados como parte en las gestiones necesarias para la licitación de la obra, la contratación y autorización de variantes y adendas a la obra de construcción de la CTRT asignadas directamente al Grupo Isolux, que participó activamente y se benefició con la maniobra”, indicó la acusación del fiscal Marijuan.