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Corte insistió al Gobierno por jubilados (pidió más tribunales)
Ricardo Lorenzetti y Enrique Petracchi
A partir de hoy todos los expedientes radicados en la Capital, pero iniciados en el interior, volverán a las jurisdicciones de origen (la duda es si allí el trámite será más veloz). Los ministros entendieron la resolución como el paso hacia otro nivel en la ya clásica contienda con el organismo previsional. "Ya organizamos comisiones e instancias de diálogo con ANSES, no pasó nada, bueno, la respuesta es ésta", resumió ayer un justice en el acuerdo, que sólo tuvo la ausencia, por motivos de salud, de Carmen Argibay.
El fallo de ayer es el producto del colapso de causas existentes en el Poder Judicial debido a que el organismo previsional asumió como táctica la apelación de los fallos antes que los pagos a los querellantes. La decisión de la Corte fue adoptada en forma unánime a través de una acordada en la cual sólo Enrique Petracchi presentó argumentos diferentes.
En la Corte se incrementó en un 300 por ciento de lo que va del año el número de casos, y la Cámara Federal de Seguridad Social (la instancia especial y única que revisa los fallos de primera instancia a nivel nacional) expresó estar sobrepasada de expedientes. Al mismo tiempo, el máximo tribunal instó al Congreso a que o bien se creen otros tribunales con competencia en materia de seguridad social que descompriman la situación o se apunte a establecer mecanismos que disminuyan la litigiosidad.
La escalada entre la Corte y la ANSES comenzó en 2006, cuando el tribunal emitió el fallo Badaro que establecía el pago del 82% móvil en todas las jubilaciones. La resolución fue el argumento para que miles de jubilados comenzaran a litigar.
En 2011, ante la cantidad de expedientes demorados, la Corte le requirió al organismo que le informara cuál sería el impacto económico si se aplicara el criterio del fallo. Diego Bossio respondió que la ANSES debería pagar alrededor de 14 mil millones de pesos por año. El pico de tensión llegó en el segundo semestre de 2012 cuando al día siguiente de un anuncio de la ANSES, según el cual financiaría créditos hipotecarios, la Corte volvió a requerir que se concreten los pagos a los jubilados, pedido al cual adjuntó un cuadro de cálculo donde constaban los ingresos y los egresos del ente previsional.
Sin embargo, durante los últimos dos años la Corte había impulsado un acercamiento con el organismo. Se organizaron comisiones de trabajo, Bossio presentó informes en reuniones con todos los ministros y el tribunal hasta llegó a proponer un sistema de software para agilizar los pagos a jubilados. Entendimientos que nunca lograron transformaciones de fondo. El Gobierno siempre alegó que suscribir a los fallos cortesanos implicaba "riesgo institucional".
El revés que el fallo implica para la Cámara de la Seguridad Social es la consecuencia de que en la Corte esta instancia hace tiempo no está bien conceptuada. De hecho, la semana pasada circuló entre algunas vocalías una causa en la cual intervino el juez Norberto Oyarbide. El polémico magistrado debió investigar la presunta vinculación de los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández con una consultora dedicada a temas de derecho previsional. El primero suele ser recusado, en forma sistemática, por la ANSES.
Si bien ambos camaristas fueron sobreseídos por el juez, en su sentencia éste no dejó de recordar que el nombre de una empleada de la consultora investigada figuraba en un listado de abogados visible en la mesa de entradas de la cámara. Los letrados presentes en esa nómina debían tratar exclusivamente con un funcionario de la cámara de nombre Gonzalo Llanes Mena.
"Nada garantiza que con el trámite en las cámaras federales esto vaya a ser mejor", reflexionó un justice durante el acuerdo de ministros. En la Corte se conoce que hay cámaras que presentan un funcionamiento muy diferente al deseado, pero hay cierta expectativa en el cambio de escenario: los litigantes ya no estarán a cientos de kilómetros, lo cual en estos casos puede hacer una diferencia sustancial.


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