La trampa

La Corte Suprema de Justicia presentó ayer en sociedad su decisión de avalar conceptualmente el pago de Ganancias para los jueces. A los ojos de la “familia judicial” se trata de un cambio que el resto de la sociedad debería agradecer y considerar como un aporte de ese poder a la convivencia. Pero sin convicción. Y aún sabiendo, como declaró públicamente el presidente de la CSJ hace unas semanas, que la interpretación oficial es que los jueces no deberían pagar el tributo y que, si el público piensa lo contrario, es porque está negativamente influenciado por los medios. La decisión de ayer vendría a mostrar una predisposición inédita de los integrantes de la Corte hacia a los argentinos pagadores de impuestos sobre una cierta apertura a la opinión pública. Sin embargo, al bucear sobre la fórmula de norma conocida ayer, surgen algunas novedades que convierten al anuncio, casi, en una falta de respeto. Para empezar, sólo lo pagarán los integrantes de la Justicia que hayan ingresado desde enero de 2017. Pero hay más. El salario de estos magistrados no sufrirá recortes en la comparación con el resto de los integrantes más antiguos del Poder Judicial. El salario de bolsillo permanecerá sin cambios. Lo que se ejecutará es una suba del sueldo en bruto para que no haya pérdida de poder adquisitivo. Esa diferencia en el salario en bruto entre los nuevos y los viejos. O, dicho de otro modo, la diferencia salarial entre los que estén o no alcanzados por Ganancias, será cubierta con partidas presupuestarias provenientes de los ingresos de la administración pública nacional. Esto es, con los impuestos que habitualmente pagan los sufridos contribuyentes argentinos y residentes en el país. Así. en el afán de presionar a los jueces para que terminen con este inexplicable (contable, fiscal y moralmente hablando) beneficio que tenían por no estar alcanzados por el impuesto; se cubrirá la diferencia de salarios en bruto entre los nuevos y los viejos jueces e integrantes de la familia judicial; para que no haya diferencia salariales entre ambos tipos de funcionarios de ese poder. La decisión de pagar ganancias tomada ayer por la CSJ implicará en definitiva un aumento en el gasto público que se cubre con los impuestos que pagan los ciudadanos que presionaron para que los jueces paguen ganancias. Una verdadera trampa. Casi un castigo a la sociedad por haber presionado para terminar con la injusticia. Y un nuevo argumento para refutuar la teoría del presidente de la CSJ que afirmaba que “la opinión moldeada por los medios de comunicación que adjudican buena parte de nuestros males al proceso judicial”.

Ivana Ferroti