Criptofraudes: un desafío para los Estados nacionales

Edición Impresa

Este artículo apunta a explicar una de las estafas más difundidas en el mundo digital, contar algunos ejemplos de fraudes globales y marcar las dificultades y las posibles estrategias que tienen los Estados nacionales para proteger en tiempo y forma a los ahorristas.

Un fenómeno que caracteriza el avance en la innovación tecnológica de las últimas décadas es la inmediatez con que los nuevos productos se diseminan a nivel global. En el mundo financiero, los reguladores inevitablemente corren detrás de la aparición y el crecimiento de nuevos desarrollos.

Este artículo apunta a explicar una de las estafas más difundidas en el mundo digital, contar algunos ejemplos de fraudes globales y marcar las dificultades y las posibles estrategias que tienen los Estados nacionales para proteger en tiempo y forma a los ahorristas.

Quizás el fraude financiero más popular sea el bautizado desde principios del siglo pasado como “esquema Ponzi”. La idea es captar inversores prometiendo a corto plazo rentabilidades muy superiores a las de mercado. A los primeros inversores que entran al esquema se les paga con los fondos que ingresan nuevos ahorristas. Se denomina piramidal en los casos en que cada inversor que se incorpora recibe premios por atraer clientes adicionales. El castillo de naipes (o la pirámide) se derrumba cuando se pone en evidencia que las promesas de ganancias financieras extraordinarias no son sostenibles indefinidamente, quedando atrapados en la telaraña los ahorristas que no llegaron a retirar sus ahorros.

El esquema Ponzi aplicado a criptomonedas -o a supuestas criptomonedas- ha ocurrido y sigue ocurriendo en gran parte del planeta. Algunos pocos ejemplos en distintos continentes ayudan a dimensionar el alcance global de este fenómeno.

En Estados Unidos el pasado 25 de febrero un tribunal de San Diego acusó al fundador de una plataforma de inversión en criptomonedas llamada BitConnect de orquestar un fraude superior a los 2.000 millones de dólares contra miles de inversores localizados en distintos países.

Del otro lado del Océano Atlántico, a mediados de abril fueron arrestados en Rusia directivos de Finiko, una plataforma que funcionó con un esquema piramidal desde enero del 2018 hasta julio del 2021 estafando a cerca de 800.000 inversores en Rusia, Kazajistán, Hungría, Austria, Alemania y USA, alcanzando la estafa una cifra cercana a los 1.500 millones de dólares.

Adentrándonos en Asia, Plus Token prometiendo rendimientos de entre 10% y 30% mensual atrajo a más de 3 millones de ahorristas residentes en China, Corea del Sur y Japón con una cifra equivalente a 5.700 millones de dólares.

Uno de los casos más significativos a nivel mundial fue el de Onecoin, una empresa búlgara con una “filial” en Argentina, llamada Onelife que ofrecía fraudulentamente la supuesta criptomoneda en distintas provincias. A mediados de abril los miembros de la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba confirmaron la prisión preventiva de 10 acusados por esta estafa.

Argentina sufre, al igual que el resto del mundo una ola creciente de delitos asociados a criptomonedas a lo largo de todo el país.

A diferencia de los fraudes que ocurren dentro del sistema financiero, una ventaja que tienen los criptodelincuentes es que en muchos países del planeta sus plataformas no cuentan con un supervisor definido. Este vacío legal les permite operar el suficiente tiempo para efectivizar la estafa antes de ser descubiertos.

Mientras que resulta extremadamente sencillo invertir en estos esquemas criptos, una vez expuesto el fraude es muy difícil para los ahorristas recuperar los fondos invertidos. Por un lado, los estafadores suelen esconder rápidamente ese dinero mal habido en cuentas fuera del alcance de los reguladores y jueces. Por el otro, algunas de estas cripto plataformas suelen localizar su domicilio legal en paraísos fiscales e incluir en la letra chica de sus contratos de adhesión mecanismos de resolución de controversias que se dirimen en jurisdicciones distintas alejadas de donde reside el inversor.

Pero no sólo el Estado es responsable de impedir o desbaratar rápidamente estas estafas. Aquellos actores privados que rechazan enfáticamente la intervención estatal son funcionales a estos fraudes que desprestigian y deslegitiman a toda una industria, donde no todos son iguales.

Por otra parte, para atraer a los ahorristas, estos esquemas fraudulentos requieren de un convincente despliegue comunicacional. Para ello utilizan las redes sociales promocionando plataformas, en ocasiones dedicadas a brindar asesoramiento financiero gratuito como puerta de entrada para inducir a sus clientes a comprar estos productos.

Cuentan con dinero suficiente que les permite a sus directivos carismáticos asistir a programas de alta audiencia donde son tratados como si fueran gurúes de una nueva era, recurriendo en ocasiones a personalidades famosas que promocionan irresponsablemente estas “fabulosas” inversiones. Celebridades como el boxeador Floyd Mayweather, o el actor Steven Seagal promocionaron criptoproductos que terminaron estafando a los ahorristas que invirtieron en esos fondos. En tal sentido, ya en el año 2017, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) emitió un comunicado señalando que cualquier celebridad que se prestara a promover la compra de activos digitales debía informar públicamente y en detalle el pago recibido en retribución por dicha promoción.

Los estafadores tienen, además, un poderosísimo aliado; la naturaleza humana donde la codicia, el deseo de emular a referentes famosos o la maravillosa quimera de obtener ganancias extraordinarias de un plumazo, limitan la racionalidad de los inversores.

En respuesta a este fenómeno digital, la mayoría de los países mas poderosos (con la excepción de China que ha prohibido el uso de criptomonedas emitiendo su Banco Central una moneda digital propia) están abocados a encontrar una regulación que balancee dos objetivos.

Por un lado, dejar fluir la innovación financiera que, bien usada, constituye una herramienta central para mejorarle la vida a la gente, interconectarla, reducir costos, mejorar la seguridad en las transacciones, brindar mayores servicios e incluir a los sectores más postergados.

Por el otro, y sin perder de vista los objetivos de preservar la estabilidad del sistema financiero, monetario y el medioambiente, los estados buscan desarrollar mecanismos para proteger a los inversores minoristas.

En tal sentido resulta clave que todos los organismos públicos involucrados -que cubren diversas áreas -financieras, legales, impositivas, productivas, laborales y medioambientales- trabajen coordinadamente para entender acabadamente el funcionamiento y las implicancias del complejísimo mundo de las criptomonedas. En lo financiero existen cuestiones técnicas y legales que deben dilucidarse vinculadas a la transferencia del dinero, a la naturaleza jurídica de las plataformas (denominadas “exchanges”) y de los activos que se negocian y al registro y a la custodia de estos. La coordinación y el intercambio de información con reguladores del resto del mundo resulta indispensable para poder abarcar este universo.

Contando con esa inteligencia el Estado se encuentra en condiciones de definir claramente cual o cuales van a ser los organismos encargados de regular y supervisar el funcionamiento de estos actores y cuales los requisitos que deben cumplir para poder funcionar.

Por último, y volviendo al tema de los fraudes, es imprescindible lanzar una campaña masiva de educación financiera que le brinde herramientas a la población que permita prevenir estafas de todo tipo.

Expresidente de la Comisión Nacional de Valores.

Dejá tu comentario