Cristina dijo que el corte por Botnia lo deben resolver jueces

José Pepe Mujica pasea a Cristina de Kirchner por los jardines de la imponente estancia Anchorena, cerca de Colonia del Sacramento. Ambos presidentes se comprometieron a una quinta cumbre dentro de 60 días en la Argentina.

La Argentina y Uruguay decidieron tomarse una tregua de 60 días, tiempo en el que deberán los dos países definir la fórmula de fondo que utilizarán para monitorear los efectos de la operatoria de la pastera UPM (ex Botnia) en el río Uruguay. En ese lapso, las dos cancillerías tendrán que armar una estructura para aplicar el sistema de «monitoreo conjunto», desde donde se controlará el río Uruguay. Por su parte, el Gobierno argentino confirmó que no tomará la decisión de reprimir el corte de Gualeguaychú y que únicamente utilizará el convencimiento verbal para que los manifestantes levanten el bloqueo del puente San Martín.

Éstas fueron las principales conclusiones de la cumbre que Cristina de Kirchner y José Pepe Mujica mantuvieron ayer en la estancia Anchorena de Colonia, donde los dos jefes de Estado tuvieron su cuarta reunión bilateral. Ésta fue, además, la primera vez que ambos presidentes discutieron abiertamente y sin eufemismos sobre el conflicto por la pastera UPM. Es la primera vez, además, que Kirchner y Mujica reconocen que el relanzamiento de la relación bilateral depende del tratamiento profundo del conflicto. Para esto, ambos presidentes anunciaron un quinto encuentro en la Argentina para los próximos 60 días, durante los cuales una comisión binacional diseñará los criterios para avanzar en el monitoreo conjunto del río Uruguay, como recomendó La Haya.

«Hemos decidido que en esos 60 días tenemos que tener acordados los criterios de monitoreo del río», ya que es de «máximo interés» el tema de la «salud del río», dijo Mujica luego del encuentro de Colonia. Por su parte, Kirchner aseguró que la Argentina no acudirá a la represión para levantar el bloqueo del puente. Para la Presidente, «no está en nuestro ADN». Sin embargo, cuestionó el bloqueo asegurando que «a los únicos que perjudica es a los entrerrianos que viven en Gualeguaychú y a los uruguayos que viven en Fray Bentos», donde está situada la fábrica.

Mujica contestó luego que es necesario «ayudar a que en la sociedad argentina puedan madurar los consensos para que desaparezca el «piquete, algo que tienen que resolver los argentinos», ya que «queremos que las dos sociedades pasen por ese puente».

«Mi Gobierno va a acatar el fallo de La Haya, esto es clave, y allí habla de que no se ha probado que Botnia (UPM) contamine, pero establece el monitoreo» para lo cual se «contará con criterios e instrumentos para cuidar el medio ambiente en la totalidad del río Uruguay», añadió la mandataria argentina.

A partir de hoy, las cancillerías que manejan Jorge Taiana y Luis Almagro tendrán que negociar la conformación de la comisión que hará el monitoreo del río.

Limitaciones

Antes, los dos presidentes habían reconocido que tienen «limitaciones» mutuas para liberar el puente. Según la jefa de Estado, «hay una limitación institucional y política de un Gobierno para adoptar otras medidas, que son las que reclaman otros sectores para luego, ante la mínima lesión de cualquiera, salir con título de represión y agravar el problema». Para Mujica, «el tema del corte no lo va a resolver Uruguay, lo debe resolver el pueblo argentino y nosotros debemos ayudar a que el proceso madure con garantías suficientes para que se pueda dar. No sé cuándo va a ser».

Antes, Kirchner apuntó al Poder Judicial argentino como el principal responsable de la vigencia del bloqueo, ya que el Gobierno habría «hecho denuncias ante la Justicia» por los cortes de calles, «no hay ningún condenado por los cortes» y recordó incluso (sin nombrarlo) que el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni (nombrado por el Gobierno de Néstor Kirchner) consideró que el bloqueo en Arroyo Verde es «ilícito, pero no un delito».

«En la Argentina no hay ningún condenado por cortes, desde los más violentos hasta los más inofensivos, esto es a mi criterio una deficiencia del sistema que no me sería imputable», indicó, tras remarcar que los bloqueos al tránsito forman parte de una metodología que «no comparte» porque «causó serios problemas en la Argentina». Recordó, incluso, la «masacre de Avellaneda» en 2002, por la que fueron asesinados los jóvenes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y «llevó a una crisis institucional y al adelantamiento de las elecciones».

«El único Gobierno que no acató un fallo internacional en la Argentina fue un Gobierno dictatorial y nos dejó al borde de la guerra por el canal Beagle. Mi Gobierno va a acatar el fallo de la Corte de La Haya, que habla de que no se ha probado la contaminación y establece el monitoreo», recordó Kirchner.

Fuera del conflicto por la pastera de UPM, los gobiernos avanzaron también en los temas de navegabilidad, transporte y el dragado del canal Martín García. También se acordó que la Argentina continúe enviando gas a Uruguay y que se avance en la instalación de una planta regasificadora en Montevideo, «cuya producción sería mitad para consumo de nuestro país y mitad para exportar a la Argentina».

En total, las negociaciones abarcaron un amplio temario de 27 puntos, incluyendo temas de energía, defensa, salud, fluviales y comercios, y se acordó también un nuevo sistema de trabajo entre los gabinetes.

Mujica recibió a su colega con casi la totalidad de los miembros de su gabinete, entre los cuales figuran el canciller Luis Almagro y los ministros de Economía, Fernando Lorenzo; Turismo, Héctor Lescano; Trabajo, Eduardo Brenta; Defensa, Luis Rosadilla; e Industria, Ricardo Kreimerman. Con Kirchner viajaron, además de Taiana, los ministros de Planificación, Julio De Vido; Industria, Débora Giorgi; Defensa, Nilda Garré; Salud, Juan Manzur, y el vice de Economía, Roberto Feletti.