Día de la corrupción, día de celebraciones

Jornada de fiesta hoy para la corrupción, no sólo para la ONU, que estableció el 9 de diciembre para advertir a la humanidad sobre las consecuencias de ese arte (que es también una ciencia). También porque hoy vence el plazo de dos años que establece el Código Penal argentino para que prescriban las causas por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios que dejaron sus cargos el 10 de diciembre de 2007. Según esa norma (Art, 268 bis) «Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño».

Los funcionarios de los oficialismos y oposiciones en todos los niveles de la administración que se fueron a su casa en diciembre pueden ser denunciados por enriquecimiento ilícito sólo hasta hoy por lo que prevén festejos y descorche de champán en varios salones de todo el país. Se trata seguramente de ex funcionarios en desgracia, porque a quienes les ha ido bien lograron desde 2007 nuevos cargos que los expone a nuevos reproches por éstos y otros presuntos delitos.

Nuevos cargos

Otros dejaron cargos en 2007 pero desde mañana tienen nuevos cargos que les conceden fueros de detención, algo que desanima a jueces y fiscales cuando quieren emprender acciones contra alguien.

El delito de enriquecimiento ilícito fue creado por el Congreso en tiempos de Arturo Illia y tiene una singularidad: invierte la carga de la prueba y presume que el funcionario o ex funcionario debe demostrar su inocencia. Hasta 1999 el delito tenía un plazo mayor de prescripción pero cuando Fernando de la Rúa hizo discutir la creación de la Oficina Anticorrupción, el peronismo del Congreso le cobró el voto achicando la posibilidad de persecución a sólo dos años después de dejar el cargo y manteniendo la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, oficina que el Gobierno de la Alianza quería reemplazar por la OA. En una revisión que mereció el 268 bis en noviembre de 1999 cuando se aprobó la Ley de Etica Pública el peronismo logró mantener los dos años, lo cual permite que los perros guardianes de Tribunales tengan hasta hoy para perseguir presuntos corruptos que esta noche festejarán. No sólo por la ONU.