Legisladores y aliados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) comenzaron el día pidiéndole al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) que revirtiera la habilitación del "impeachment" anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, alegando que se estaba vulnerando el derecho de defensa de la mandataria ante una decisión extorsiva.
Sin embargo, el palacio presidencial del Planalto registró las escasas posibilidades de éxito de esa estrategia, cuando uno de los miembros del STF, el juez Marco Aurelio Mello, afirmó llamativamente que Brasil "está sin Gobierno".
"El Supremo debe actuar como un poder moderador para preservar la Constitución, una Constitución que debería ser más amada por los hombres públicos", subrayó.
Asimismo, importantes asesores de Rousseff la convencieron de que el mejor modo de lidiar con una crisis de final tan abierto es acelerar todo lo posible los trámites y no demorarlos con recursos judiciales y administrativos.
Esos hombres del círculo de confianza de la Presidenta creen que el tiempo juega en contra de las posibilidades de supervivencia del Gobierno.
Según el diario O Globo, el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Berzoini, se reunió con los líderes de los socios del PT en la cámara baja para convencerlos de que declinaran su presentación ante el STF.
El funcionario afirmó que cuanto antes se solvente el trámite más posibilidades habrá de que el juicio político se desvanezca o, en caso de seguir adelante, de que Rousseff logre sobrevivir al mismo.
El temor en el oficialismo es que se abran nuevas líneas de investigación que afecten la situación de Rousseff y de jerarcas del PT, que la prensa opositora logre seguir impactando con denuncias en la opinión pública y que los cacerolazos vuelvan a irrumpir en escena y hacerse masivos. Se trataría de un escenario similar al que terminó con el Gobierno de Fernando Collor de Mello en 1992.
Asimismo, la economía, sumida en la peor recesión en tres décadas y con un rumbo negativo asegurado para 2016, tampoco ayudaría a mejorar el índice de aprobación el Gobierno, que oscila en torno de un raquítico 10%. Así las cosas, la conclusión es clara: cuanto antes, mejor.
Ya temprano Jacques Wagner, ministro jefe de la Casa Civil (jefe de gabinete), había dado indicios de que esa sería la estrategia.
"Ahora se termina todo tipo de chantaje. Él (Cunha) amenazaba con que si (los diputados del oficialismo) no lo apoyaban, autorizaría el juicio. Todo el mundo sabe eso", aseguró Wagner dando vuelta el argumento del jefe de la cámara baja, un miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de la base aliada del Gobierno que hace tiempo se pasó a la oposición.
Hay un amplio consenso en Brasil de que Cunha precipitó su decisión contra Rousseff en busca de empantanar las acusaciones de corrupción que se ventilan en su contra en el Comité de Ética de Diputados.
La respuesta de Cunha, a quien le descubrieron varias cuentas secretas en Suiza, no se hizo esperar. "La presidenta le miente a la nación" al asegurar que no aceptó un intercambio de favores y denunció que el Gobierno quiso llegar a un acuerdo de impunidad con él.
Desde la oposición, en tanto, entienden que el éxito del juicio político reside en demorarlo precisamente para deteriorar más la imagen de Rousseff.
El presidente del bloque del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en el Senado, Cássio Cunha Lima, rechazó la idea de que se suspenda el receso legislativo de verano para acelerar el trámite. "Movilizar a la sociedad en esta época del año sería una tarea difícil", argumentó.
En agosto la oposición logró reunir a millones de personas en una marcha a favor del "impeachment" contra la mandataria. Ayer, previendo que se repita esa jugada, Wagner pidió a la sociedad civil, partidaria o no de Rousseff, que salga a la calle a defender la "democracia". En las redes sociales, algunos ciudadanos y movimientos sociales comenzaron a articularse para protestar mañana en San Pablo, la mayor ciudad del país, contra el "golpismo, contra Cunha y a favor de la democracia".
Por su parte, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff, calificó de "insana" la decisión del Congreso de iniciar un juicio político con fines de destitución.
"Me siento indignado con lo que están haciendo con el país. Cunha sólo está pensando en él. No piensa en el país, en la economía. Brasil no merece eso", dijo.
Agencias AFP, ANSA y EFE, y Ámbito Financiero |
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