Rousseff anunció el lunes que plebiscitaría una reforma política, urgida por atender y atenuar los reclamos ciudadanos que comenzaron el 10 de junio por los aumentos en el transporte y que, tras ser reprimidos por la Policía en varias ciudades, se extendieron a todo el país y sumaron otras reivindicaciones postergadas.
La mandataria recibió ayer al titular de la cartera de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien debió enmendar un error serio de la mandataria, cuya idea inicial de lanzar una consulta popular para reformar la Constitución recibió el martes lapidarios cuestionamientos políticos y judiciales.
Tras el fracaso de aquella iniciativa, ahora Rousseff pretende enviar la semana próxima al Congreso un proyecto para la realización de un plebiscito en el que se consultará a la opinión pública sobre los alcances de la reforma política, con lo que el Ejecutivo intenta descomprimir el descontento popular.
"No puede haber financiamiento empresarial de campañas, porque de ese lugar nace la corrupción. Cualquier persona que vive la política sabe eso", dijo el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho.
"El plebiscito tendrá dos directrices esenciales: la financiación de campaña (si es 100% pública, privada o mixta como ahora) y el sistema de votación (si es con listas cerradas por partido, proporcional o por distrito)", dijo el ministro de Educación, Aloízio Mercadante, quien actúa en la crisis como virtual vocero de la mandataria.
"Las autoridades debemos escuchar lo que dicen las calles. Sería preocupante si alguien se hace el sordo", advirtió el funcionario, amigo personal de Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), con peso ineludible en el Gobierno.
Dilma recibió para su nuevo proyecto el apoyo de la base aliada del Gobierno en el Congreso, pero chocó con la oposición, que se niega a considerar una posible consulta popular, según consta en un comunicado conjunto.
Más allá del apoyo aliado, la vigencia de las nuevas normas para las elecciones presidenciales de octubre 2014 aún divide opiniones en el oficialismo, ya que depende de una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para saber cuánto tiempo se necesita para organizar el plebiscito.
A fin de limar asperezas, la presidenta aceptó que, más allá de la consulta a la población, sea el Congreso el que tenga la "palabra final" sobre las reformas.
Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, fustigó ayer a la Policía por la forma en que reprimió las protestas, lo que potenció los reclamos, y cuestionó especialmente a la Policía de Río de Janeiro, a la que advirtió que "no puede salir a matar".
Lo hizo al evaluar sobre todo una operación de la fuerza policial de élite en la favela Nova Holanda, en el complejo de Maré, zona norte de Río de Janeiro, donde murieron 10 personas, al menos tres de ellas ajenas a un supuesto tiroteo con narcotraficantes.
La Policía estadual es controlada por el gobernador Sérgio Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado de Dilma.
Mientras tanto, manifestantes y policías volvieron a chocar violentamente en Fortaleza, donde Italia y España jugaron ayer a la tarde la segunda semifinal de la Copa de las Confederaciones, torneo de fútbol que demandó gastos duramente cuestionados por la población.
Tras la experiencia de la semifinal del miércoles, en Minas Gerais, donde hubo enfrentamientos con la Policía que terminaron con numerosos heridos -uno de los cuales, que cayó de un puente, se convirtió ayer en el quinto fallecido de la ola de protestas-, la Policía de Fortaleza estableció un férreo cerco de seguridad a dos kilómetros del estadio.
En esos enfrentamientos, manifestantes quemaron un móvil del canal TV Diario, del estado de Ceará.
En tanto, una importante manifestación paralizó ayer a la tarde el centro de Río de Janeiro. Asimismo, unos 3.000 estudiantes marcharon por las calles de Brasilia
| Agencias Reuters y ANSA, y Ámbito Financiero |